El Acuerdo para la Materialización de la Paz Territorial es de gran trascendencia y está llamado a influir profundamente en el desarrollo rural. Firmado por la ministra de Agricultura, por el presidente de Fedegán, y avalada por el presidente de la República, es un pacto que sorprendió por la dimensión de su contenido y la rápida negociación. No se esperaba un acuerdo entre sectores tan distantes ideológicamente y representados por compatriotas tan destacados y polémicos como Cecilia López y Pepe Lafaurie.

Tal confluencia lleva implícita las tendencias actuales de la política latinoamericana: la derecha no se opone a los cambios, pero apuesta por reformas sin riesgo. Por su parte, la izquierda abandonó las armas y al leninismo y se inclina hoy hacia la socialdemocracia europea.

Este documento propicia que la política se centre en la solución de los problemas. Es que los vientos de recesión harán mucho más difícil lograr la justicia social con crecimiento económico. Este, que ha sido el dilema irresuelto de los gobiernos progresistas, tiene mucha posibilidad de superarse en la Colombia de hoy. Aunque la economía empieza a cojear, tenemos que apreciar, como nunca, que seamos exportadores pequeños de hidrocarburos mientras Europa suda por cada gota de carburante.

Con decrecimiento se hace imposible combatir el cambio climático y reducir la pobreza. Necesitamos en el gobierno el temple de los estadistas más que las amenazas de reformas insensatas que varios ministros anuncian para 2023. Es que, a pesar de su esforzada lucha por el poder, el Pacto Histórico no se preparó para gobernar. La ausencia de autoridad en las invasiones ha llevado al desorden social en amplias zonas del país. La autoridad, potestad legítima de imponer el orden, es irrenunciable. El mismo presidente prefiere la plaza pública a las deliberaciones del Consejo de Ministros. El discurso de Caloto privilegia la movilización popular a las instituciones. Se le ha olvidado que fue la democracia directa la madre de la democracia representativa, y no al revés.

Ahora bien, no habrá desarrollo social si los pobres no se incorporan a la corriente del progreso, que es uno de los objetivos del pacto. La potencia agroalimentaria que se propone obliga a una tarea integral, que sume a la redistribución de tierra el mercado que compre la producción campesina, las vías rurales, con mantenimiento permanente, servicios públicos modernos y accesibles, la investigación, fuente de la buena producción, y la organización responsabilizada de los grupos favorecidos con la tierra. Es que el campesino ha sido la primera víctima de nuestro subdesarrollo.

Destaco, entre los compromisos del gobierno, la formalización de la propiedad, y el facilitar la participación de organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianos.

Hay en el manifiesto una triple responsabilidad: la del gobierno, la de los ganaderos y la de los grupos favorecidos arriba mencionados. Y cada parte debe asumirla sin ambages.

La experiencia de los miembros de la Anuc, negándose a recibir los títulos de propiedad de la tierra que poseían porque no querían ser sujetos de impuestos, no puede repetirse. Esa fue una de las causas del fracaso de la reforma agraria de Lleras Restrepo.

Finalmente, un pacto que se propone repartir 3 millones de hectáreas y “la adopción de los sistemas Silvopastoriles Intensivos”, por ejemplo, se debe recibir con esperanza. Todavía no es hora de exigirle a las partes que tengan listos los procedimientos, las partidas presupuestales, las tierras óptimas, etc.

Calma, el camino hacia la dignificación de la vida rural es un maratón, no una competencia de velocidad.

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Ps. ¿Pueden los congresistas ignorar la carta de Ecopetrol?