La providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sobre la protesta social es una proclama contra la democracia representativa. Fue emitida con la intención de atemorizar a la fuerza pública y amarrarla para que multitudes dirigidas se tomen primero las calles y luego desafíen al Gobierno.

Después de la caída del muro de Berlín las células comunistas mutaron hacia las universidades, los sindicatos, las organizaciones sociales, acrecentadas por los movimientos étnicos, por los fundamentalismos ecológicos y por el secularismo intransigente bien representado en el Juez que le prohibió al Presidente de la República rezarle a la virgen de Chiquinquirá. ¡Hay que derribar las creencias como se derriban las estatuas!, parece ser la consigna. 

También penetraron las ramas del poder público, especialmente el poder judicial. Cuando la oposición al gobierno Duque lo señala de no respetar la división de los poderes, es para ocultar que está sucediendo todo lo contrario: los jueces están invadiendo, sin mascarillas, los predios del poder ejecutivo, del poder judicial y atentan contra la libertad de prensa, como en el reciente caso de Semana y Vicky Dávila. Por eso, en Colombia el debate político real se adelanta en los estrados judiciales. Entre los tratadistas del derecho la polémica ha sido intensa. “El principio -antes sacrosanto de la división de poderes- se ve mancillado por la tendencia actual hacia el activismo judicial”, escribía Eduardo López Villa.

Mientras todo esto es coordinado por la dirigencia izquierdista radical, las fuerzas democráticas se dispersan en el afán de posicionarse ante la opinión, como sería obvio en los escenarios tradicionales de la política. Sinembargo, ese no es el caso. Colombia ha sido viejo y permanente objetivo del comunismo. Estamos amenazados por regímenes totalitarios bien financiados por la coca y la minería ilegal que disponen de recursos inagotables.

El momento obliga a la concertación de los defensores de la democracia. Y en ella deben participar todos los sectores que concurrieron al triunfo de Iván Duque en la segunda vuelta. Fue a todos esos triunfadores, fue a nuestro sistema democrático, fue al Presidente electo, a quienes se les lanzó el reto la misma noche de la victoria. En su discurso revanchista Petro anunció: “Nos vemos en la calle”. Se anunciaba la revuelta como factor determinante del poder. Fue una amenaza cierta, como lo prueban los vándalos, los incendiarios de los CAI, la interrupción de la movilidad ciudadana, los paros de Fecode y de las centrales obreras, la Minga, la destrucción de buses y estaciones de Transmilenio y la providencia mencionada de la Corte Suprema de Justicia.

Además, ahora surgen nuevos interrogantes sobre la sociedad y el papel del Estado después de la pandemia. Ambos van a quedar empobrecidos, mientras se acrecentarán las exigencias. Estamos en un mundo distinto al de ayer. Y deben ser distintas las consideraciones de la Política. Se impone la histórica propuesta de Álvaro Gómez: Un Acuerdo sobre lo Fundamental. El Partido Conservador que ha decidido reunir su dirigencia toda, virtualmente, en el mes de noviembre, está llamado a sentar las bases de una nueva convivencia nacional. Su tradición de cumplimiento de los acuerdos políticos, la circunstancia de haber sido colaborador leal y eficaz de los últimos gobiernos y el no participar de la insensata polarización de la política actual, lo autorizan para intentarlo. Los jefes azules tienen una alta misión: convertir la reunión novembrina en la gran Convención del Entendimiento Nacional.