La tormenta

La semana que acaba de pasar debe ser una de las peores que en materia de información periodística ha padecido la Rama Judicial. Ni siquiera en épocas del uribismo, cuando desde el propio Palacio de Nariño se orquestó una campaña de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia, se había visto semejante arremetida mediática en su contra y de la Rama Judicial.

El “descubrimiento” por los medios de comunicación de un viaje realizado por la Presidenta de la Corte y varios magistrados de Tribunal, haciendo uso de un permiso remunerado, fue la causa que inicialmente desató la tormenta informativa contra la Rama Judicial.

Más allá del escándalo, sorprende que el tema de los permisos se manipule -como se hizo con el de las pensiones- bajo conceptos de infracción ética o moral, pasando por alto que están contemplados como un derecho de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial en el artículo 144 de la Ley 270 de 1996, que a su vez repite una norma que viene desde 1978.

Hacer uso de un derecho contemplado en la ley, por definición no puede ser inmoral. En una democracia, la ley expresa, entre otras cosas, la moral social. Más aún, en vigencia de la Constitución de 1991 las leyes estatutarias, como la de administración de justicia, son sometidas a control constitucional previo. A ese juicio fue sometido el artículo 144, sin que la Corte Constitucional haya encontrado contradicción alguna con los valores consagrados en la Constitución

Probablemente la constatación final del fundamento legal del permiso, hizo que los medios dirigieran el debate hacia lo que estiman una inmoralidad aún peor: que un dignatario de la Corte haya compartido viaje con colegas de Tribunal, entre los que se encontraba uno incluido en lista para llenar una vacante en la Suprema.

Una de las integrantes de esa lista renunció a su aspiración, por sentirse “discriminada” y su hermana, Directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, se apresuró a pedir la renuncia de la magistrada, en un oportunismo que no extraña. Ese organismo privado es tan acucioso para destacar las supuestas fallas de los jueces como para callar frente a los ataques de que continuamente son víctimas esos mismos funcionarios.

Más allá de oportunismos interesados, la tesis es absurda: los magistrados de la Corte no deben “alternar” con los aspirantes a integrarla.

De aceptarse esa teoría, las listas no podrían integrarse con magistrados auxiliares, pues todos alternan a diario con los titulares llamados a votar por ellos. Es más algunos son subalternos directos de aquél a quien aspiran a remplazar. Tampoco podríamos estar en lista, los que tenemos el honor de ser conjueces de la Corte, pues, aun en tiempo de elecciones, necesariamente debemos alternar con los magistrados titulares habilitados para votar. Menos podrían estar en esas listas, aquéllos que compartan aulas universitarias con magistrados electores. En estricto sentido ningún abogado medianamente reconocido podría ser candidato.

Tantos y tan buenos temas para ejercer control sobre las Cortes y los medios se desperdician armando una tormenta en un vaso de agua… de mar. 

@Quinternatte