Expreso de Medianoche

 

Acaba  de ponerse de moda en Colombia el tema de la posible legalización de algunas drogas heroicas, por cuenta de unas declaraciones que el presidente Santos entregó en Inglaterra, donde reconoció el fracaso de la política prohibicionista y la necesidad de abordar otras estrategias para enfrentar el problema.

Las declaraciones de Santos tienen el mérito de haber sido pronunciadas cuando está en el ejercicio del poder y no 8 ó 12 años después de haberse sentado en el solio presidencial como ocurrió con César Gaviria y algunos de sus colegas, que después de haber sido feroces prohibicionistas, recientemente se incorporaron a la tendencia contraria con propuestas por las que antes defenestraron a quienes se atrevieron a formularlas.

Gustavo De Greiff fue víctima del dúo Clinton-Gaviria cuando siendo Fiscal General señaló la estupidez de gastarse los mejores recursos humanos, técnicos y económicos de un país pobre en una guerra imposible de ganar que, como recientemente lo ha demostrado en varios artículos académicos, ha generado el efecto contrario, pues la producción de droga se ha incrementado, el consumo no ha disminuido y la rentabilidad del “negocio” es cada vez mayor.

También Ernesto Samper Pizano, como presidente de ANIF, sostuvo en su juventud la misma tesis que ahora mantiene en el Foro de Biarritz, respecto de la necesidad de legalizar las drogas, posición que comparten, por diversas razones, desde económicas hasta filosóficas, personalidades de las más variadas tendencias políticas. 

Más o menos denostados sus proponentes es lo cierto que han logrado que hoy el planeta esté pensando seriamente el tema. Y no está mal que sea el Presidente de Colombia el que ahora alborote el avispero, pues si en algo tiene autoridad moral nuestro país es precisamente en la cruzada contra las drogas, en la que no sólo hemos malgastado la mayor parte de nuestro presupuesto, sino que hemos entregado la vida de algunos de nuestros mejores hombres y hemos cobrado, y creado también, las de algunos de los peores.

Y el mayor precio no es el que hemos pagado en hombres, presupuesto y sangre, sino en derechos y garantías. Así como en la guerra física, Colombia ha sido un laboratorio para ensayar de todo, desde tácticas militares hasta plagas biológicas, pasando por el glifosato, en las instituciones jurídicas hemos ido corriendo los linderos de la presunción de inocencia, de la de buena fe, del principio de confianza y de la libertad de comercio, a extremos tales que hoy son casi inexistentes.

Leyes de enriquecimiento ilícito, de extinción de bienes, de lavado de activos, visados y pre-visados, lista Clinton y una cada vez mayor tutoría de las agencias policiales gringas sobre las autoridades judiciales del país, son parte del precio que hemos tenido que pagar para “garantizarle” a esa USA que nos usa que no somos una narcodemocracia.

Porque lo más curioso es que el dinero narco es maldito cuando se queda en Colombia, pero se torna bendito cuando esos mismos narcos se lo llevan de aquí para negociar sus ridículas penas en territorio estadounidense.