HUGO QUINTERO BERNATE | El Nuevo Siglo
Martes, 18 de Marzo de 2014

Pedagogía

 

No habían acabado las AUCD (Álvaro Uribe-Centro Democrático) de conquistar su “decoroso segundo lugar”en las parlamentarias del 9 de marzo, cuando desde esas huestes se descalificaba como ilegítimo al Congreso elegido y al tiempo se hablaba de fraude.

El tema de la legitimidad es de los más difíciles de entender por los alumnos en los primeros años de derecho. Los estudiantes comprenden rápido el concepto de legalidad, pero no el de legitimidad. Debe ser por eso que los profesores tienen mayor tendencia a mostrar con ejemplos lo que no es legítimo, que a definir la propia ilegitimidad.

Es curioso, pero los ejemplos más recurrentes que deben haberse utilizado en los últimos años en las facultades de derecho tienen que ver precisamente con el gobierno del Jefe único del movimiento político que ahora se declara defraudado por sus resultados electorales.

 

Una de las mejores ejemplificaciones del tema, lo hizo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema el 26 de junio de 2008 cuando condenóa la ex parlamentaria Yidis Medina Padilla:

“Resulta inaudito que desde las altas esferas del poder de la época, por algunos de sus miembros, se impulse la desinstitucionalización al promover el quebrantamiento de las reglas básicas del modelo de Estado cuando en busca de un beneficio particular se impulsó a toda costa un Acto Legislativo, sin importar que para sacarlo avante se llegare hasta la comisión de conductas punibles como sucede en el sub júdice. Cobra fuerza en este momento la frase de Thomas Jefferson: Los fines políticos no justifican medios inmorales.

“Las circunstancias de factum y de iuris que sirven de fundamento a la presente sentencia indican que la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder, en la medida en que el apoyo de una congresista a la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas”.

He ahí un claro ejemplo de ilegitimidad: comprar el voto de un parlamentario para lograr una reforma constitucional en beneficio propio. El ejemplo es además paradigmático, porque esa circunstancia no se legitima ni siquiera con la abrumadora mayoría que posteriormente obtuvo la reelección en las urnas.

En un solo acto del gobierno presidido por el mismo que se declara defraudado, es posible ver todos los vicios que ahora le enrostra al Parlamento al que él y 18 de sus áulicos resultaron elegidos. Compra de votos, ventajas otorgadas desde el poder central y persecución de fines, aparentemente loables, mediante medios definitivamente perversos.

Eso también es ilegitimidad: la falta de autoridad moral para criticar prácticas que se han documentado en sentencias como propias de su gobierno. Y aunque no extraña la amnesia del senador electo, lo que sí sorprende es la gran irresponsabilidad de quien no repara en el poder desestabilizador de sus palabras.

Si un expresidente de la República, representante del establecimiento más derechista del país, descalifica las elecciones y la organización electoral, después no se sorprendan que un Alcalde de la izquierda haga lo propio, si no le va bien en la próxima revocatoria que debe enfrentar.

@Quinternatte