Guerra, autonomías y democracia
Los recientes y gravísimos acontecimientos ocurridos en el Departamento del Cauca han puesto en evidencia todas las falencias que tenemos como sociedad y todo lo que nos falta recorrer para que seamos no solo la democracia que dice la Constitución que somos, sino para tener el Estado Social de Derecho que allí se define.
La explicable, aunque equivocada, actuación de la comunidad indígena de expulsar a las Fuerzas Armadas de su territorio, sirvió para poner de presente sorpresivos y peligrosos comportamientos de ciertos sectores de la sociedad.
Sorprende positivamente que ni el sargento Rodrigo García, ni alguno de los hombres bajo su mando, hayan deshonrado sus armas oficiales disparando contra los agresores. Esa imagen del Suboficial haciendo resistencia civil, a pesar de estar uniformado y armado, lo enaltece no solo a él, sino al Ejército Nacional.
Más sorpresivo que tanto él, como uno de sus superiores, se hayan negado a acusar a los indígenas de infiltrados de las Farc. “Sería una infamia” señalar algo así, dijo el sargento García, y a fe que lo sería sin tener pruebas del tema, lo que no impidió que reconocidos comunicadores sociales sí lo hicieran infamemente. Ahí están las grabaciones y las publicaciones para que sepan quiénes resultaron más militaristas que los militares.
Esa, justamente es la otra gran lección de la crisis del Cauca. La de evidenciarnos como una sociedad racista. Daba risa ver y oír a tanto moreno, pelo liso y bajito, fruto de 500 años de mestizaje, reivindicando implícitamente su “pureza europea” por contraste con la mano dura que pedían contra “los indios”. Todos se sienten Búfalo Bill y no son ni Vacas Vil.
Son los mismos que desde los medios lamentan que los militares no hubieran disparado y que azuzan al Ejército para que regrese a las épocas de 1928, cuando el general Carlos Cortés Vargas ordenó disparar contra una multitud inerme, que entonces se criminalizaba señalándola de estar influida por el “comunismo internacional”, como ahora de estarlo por “lafar”.
Los extremistas “puros” se niegan a tomar en serio la autonomía que la Constitución consagra para las comunidades indígenas y para sus territorios, régimen dentro del cual es perfectamente razonable que éstos entiendan que sus resguardos no pueden ser ocupados por otras autoridades. Y debe hacerse énfasis en que la Indígena dentro de su territorio es tan autoridad como la mestiza fuera de él, de modo que cualquier solución al problema pasa necesariamente por la articulación de mecanismos de coordinación entre una y otra. Las razones jurídicas están delineadas en la jurisprudencia constitucional y en la de la Corte Suprema de Justicia desde hace bastante rato.
Y precisamente en la inexistencia de esas labores de articulación o de mediación es que se hace tan notoria la ausencia del Defensor del Pueblo, que es el funcionario público llamado por la Constitución y la Ley a liderar con su presencia la solución pacífica a esa clase de conflictos.
Lamentablemente, otro legado del uribismo fue designar un Defensor del Pueblo tan anodino que su mayor gestión ha sido incrementar el número de contratos de los defensores públicos.
@Quinternatte