Ni distintos ni distinguidos
Una fotografía publicada en primera página de la edición del 19 de julio último del periódico El Espectador puede ilustrar bastante mejor que miles de discursos, las dificultades que representa para las Fuerzas Armadas el combate contra las Farc o contra cualquier otro grupo guerrillero.
La imagen muestra 3 personas en primer plano, un embozado atrás y el micrófono de una cámara de vídeo. Las tres personas son de rasgos notoriamente indígenas. Una mujer de bluyín, blusa blanca y bolso verde claro; un señor de camiseta café, con una bandera de la Guardia sobre su hombro derecho; y otro, de corte de pelo a lo militar, riñonera terciada desde su hombro izquierdo, chaleco verde oliva, camiseta clara, bluyín, botas pantaneras de caucho de suela blanca, un celular en la mano izquierda y un fusil colgando de su hombro derecho. Según el texto del pie, el sujeto armado es “uno de los 4 guerrilleros de las Farc retenidos en Toribío” (Cauca) por la Guardia Indígena.
La foto evidencia, en primer lugar, una flagrante violación de las Farc al DIH en tanto vulneran el principio de distinción que obliga a las partes de un conflicto a “hacer diferencia entre quienes participan directamente en las hostilidades y quienes en ellas no tienen tal participación”. Esa diferenciación obliga a distinguir a los combatientes, entre otras cosas con el uso de uniformes.
En segundo lugar, es obvio que el indígena que milita en la guerrilla no se distingue, y lo peor, no quiere distinguirse de la población civil. Tiene no sólo similares características físicas que las de sus ocasionales captores, sino que viste la misma indumentaria de cualquier habitante de la región. Lo único que accidentalmente lo distingue de cualquier otro indígena o campesino es el fusil que porta.
Cualquiera que vea esa fotografía puede imaginarse el tremendo problema legal que se le armará a cualquier patrulla militar que llegue a dar de baja a un guerrillero así vestido. Supóngase una persecución en la que lo impacten en la espalda y un compañero suyo, como es habitual, logré huir llevándose el fusil. Cualquier investigador ajeno a los hechos, levantará el cadáver de un campesino o de un indígena, o en todo caso de un civil no combatiente. Pues a eso queda reducido un individuo de esas características físicas, sin uniforme y sin fusil.
De ahí a que aparezcan colectivos de abogados para hacerse cargo de la representación de “la víctima” y testigos que darán fe de la vida pacífica de quien fue “asesinado” por el Estado, no es sino cuestión de tiempo, inversamente proporcional al de la indemnización que reclamarán.
Justamente por situaciones tan evidentes como la que se desprende de la fotografía citada es que Colombia debiera tener una legislación especial que permita dar un tratamiento diferenciado a todos los hechos de relevancia penal que se deriven del conflicto.
Mantener un sistema penal diseñado para situaciones de normalidad como una especie de espada de Damocles sobre las cabezas de las tropas, puede terminar convirtiéndose en una desventaja militar para quienes combaten en nuestra defensa y bajo la Constitución y la ley.
@Quinternatte