A partir de la acusación aprobada por la Cámara de Representantes al Presidente Trump, y ante lo improbable de que el Senado actual tramite el juicio político, ha surgido un debate sobre la viabilidad y constitucionalidad de que, de obtener la mayoría necesaria (dos terceras partes de la votación del Senado), sea aprobada la destitución.

La Constitución de los Estados Unidos indica que el Congreso tiene la autoridad para adelantar un juicio político y retirar del poder al Presidente por traición, soborno u otros altos crímenes y delitos.

De hecho, es probable que Trump argumente que la medida no procede pues cuando se produzca, si ello es así, él ya no estaría en el cargo, razón por la cual no lo podrían “retirar”.  Para otros, considerando que no hay unos tiempos determinados por la norma constitucional, el juicio procedería y lo importante es que, una vez aprobada la sanción, seguiría otra votación, mediante la cual, con mayoría simple, sería posible decretar la muerte política y por tanto inhabilitar al presidente saliente para presentar su nombre en las elecciones de 2024.

Con independencia del curso de los acontecimientos en el Senado que inicia sesiones el próximo martes, de si se aprueba la destitución y de si ello se ajusta a la Constitución, lo cierto es que el cuatrienio Trump ha develado múltiples interrogantes sobre el sistema político norteamericano y ha demostrado que, como decía Churchill, si bien la democracia es el menos malo de los sistemas políticos, no hay democracia perfecta.

Es innegable que las instituciones han sobrevivido -hasta ahora- a las amenazas a las que se vieron enfrentadas. A pesar de las voces que acusaron de fraudulentas las elecciones en varios estados, del intento de algo similar a un golpe de estado, de la toma del Capitolio por energúmenos terroristas, entre otras, la institucionalidad se ha mantenido a flote y, en medio de una tensa incertidumbre, parece que el presidente electo Joe Biden podrá tomar posesión del cargo, eso sí, rodeado de una fuerza militar nunca antes vista en un acto de esta naturaleza en los Estados Unidos y bajo la intimidación de posibles actos violentos que tendrían lugar en Washington y en otros estados.

Es natural que en los sistemas en los que prima la regla de las mayorías -aunque en los Estados Unidos no siempre ganan los que obtienen más votos ciudadanos- como es la democracia, haya ganadores y perdedores. Triunfadores y derrotados deben ejercer su papel con dignidad, honor y transparencia, aceptando con nobleza su responsabilidad y el resultado de la competencia. La política del odio, de la división, de la traición, corroe el más fuerte y ejemplar de los sistemas y trae consecuencias nefastas en el corto, mediano y largo plazo, no sólo para las mayorías “ganadoras” ni exclusivamente para las “minorías derrotadas”, sino para todos.

En ese sentido, los pueblos, sus ciudadanos, tienen la enorme responsabilidad de escoger a sus líderes con criterio. Todo aquel que reclame un liderazgo sobre la base de vendettas históricas, de la destrucción del tejido social, de la primacía de unos sobre otros o de discursos que lejos de construir sobre las realizaciones alcanzadas, más bien destruyan y dejen de lado el principio de igualdad y el fundamento de la dignidad humana, debe recibir como respuesta el rechazo contundente por parte de la sociedad.

@cdangond