Un ejemplo asombroso de incompetencia de los gobiernos municipales y diría que, también, de nuestra sociedad civil en esos niveles es la que queda en evidencia con un nuevo informe de la Contraloría General sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que llega en su análisis hasta este 20 de junio. La ineficiencia de las así llamadas Entidades Territoriales Certificadas (ETC). En conclusión, 620.000 niños, niñas y adolescentes están sufriendo las consecuencias. Más concretamente, dice el Informe de la Contraloría, más de 223.000 beneficiarios están sin servicio del PAE y 299.474 tienen el riesgo de suspensión del servicio el próximo 30 de junio (El Nuevo Siglo pág. 8 A, 29 de junio).

Se trata de una información rutinaria que lleva varios años y que no por ser tan reiterada deja de ser tan escandalosa. Esta vez no se habla, por lo menos en la noticia, de la pésima calidad de los alimentos que se les proporcionan a los escolares ni de las cantidades ridículas que hace algún tiempo nos mostraron cuando se suministraba la alimentación en las propias pequeñas manos de los niños.

Se trata de contratos multimillonarios cuya suma total puede exceder mil billones de pesos. Siempre me ha parecido inconcebible que tan precaria, por no decir tan despreciable, prestación de este servicio tan necesario tenga lugar sin que rectores, profesores, padres de familia se percaten de algo tan vergonzoso. Es que ello no ha debido ocurrir ni siquiera por un solo día y, al parecer, ha ocurrido durante meses, años…

Es impensable que en una sociedad que ya ha alcanzado niveles de conocimiento sofisticado y que puede mostrar ejemplos de excelente gerencia de asuntos muy complejos haya sido incapaz de asegurar que el servicio de alimentación para los estudiantes sea eficiente y digno. Es como si la alimentación se ofreciera a kilómetros de distancia de las oficinas de los rectores o los profesores o en municipios distantes a los de la vivienda de los padres de familia. ¿Ineficiencia? ¿Corrupción descarada? ¿Complicidad? ¿Indiferencia en materia grave de las personas que tienen la mayor responsabilidad? Es que me cuesta enorme trabajo entender que las informaciones tan negativas sobre este programa se repitan una y otra vez como si se tratara de algo que no valiera la pena y no de la nutrición apropiada de los estudiantes más vulnerables. Mi incredulidad no tiene límites. Es que me parece imposible que no seamos capaces de ofrecer un servicio inmejorable en esta materia.

Pienso que las facultades de Administración deberían realizar un estudio en sus respectivas regiones para garantizar el éxito de este servicio, vital, necesario, insustituible. Tantos años hablando de lo mismo, como si se tratara de una cuestión sin la menor importancia. Ya sería hora de que conociéramos modelos de éxito en diferentes ciudades y municipios de variado tamaño. Que continúe ocurriendo exactamente lo contrario o algo peor es muy deprimente.

Un negocio descomunal que ni siquiera encuentra competidores no obstante las reiteradas denuncias. No quiero saber de otros servicios similares que se prestan a cientos de miles de prisioneros y a cientos de miles de miembros de la Fuerza Pública. Revela las fallas más protuberantes de nuestra organización social. No es que no haya dinero para satisfacer una necesidad tan esencial. No. Es la indiferencia. La falta de compromiso. ¿Pero eso todos los días y en la propia sede de colegios que tienen profesores y directivos? ¿Y padres de familia? ¡Es de no creer! ¿Que ninguna fundación, que ninguna ONG, que ninguna universidad se preocupe por el tema y que haya que esperar un Informe de la Contraloría o de algún otro organismo estatal que se limita a ofrecer unas cifras que son muy hirientes? Cuesta trabajo creerlo.