En la democracia el poder se controla a través del derecho y en un Estado de Derecho es fundamental la separación de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo; cada cual cumpliendo su función esencial señalada en la Constitución; colaborando entre ellos para alcanzar el logro de fines del Estado. A su vez, las tres ramas del poder público atienden el cometido de control entre ellas, realizan el contrapeso para evitar que las demás se desborden en el ejercicio de sus funciones.

Así, la rama jurisdiccional controla las actuaciones del Ejecutivo, a fin de que no se extralimite en el ejercicio de sus funciones. Iniciando el Gobierno, todo comenzó con la sentencia de la Corte Constitucional que declaró contraria a la Constitución, por violar los principios constitucionales de equidad y justicia tributarias, la prohibición contenida en la reforma tributaria que establecía que las empresas del sector minero no pudieran descontar de su pago de renta las regalías que le entregan a la Nación en el desarrollo de su actividad.

“Lanza en ristre” se vino el Presidente de la República, pues la decisión le abrió un hueco de seis billones de pesos a las finanzas públicas, efecto que estaba anunciado desde que se adelantó la discusión en el Congreso y la tozudez del Ejecutivo fue tal que no atendió argumentos ni razones; estaban advertidos los reparos jurídicos de inconstitucionalidad, amén del perjuicio para las empresas del sector, que quedan condenadas a su desaparecimiento por inviabilidad financiera.

Pero, la más reciente, es una decisión el Consejo de Estado, donde se anula la elección de un alcalde afín al Gobierno, que provocó una aireada reacción presidencial, quien manifestó: “Respeto al juez, pero aquí hay perfidia porque nuestros candidatos del Pacto Histórico son una coalición integrada tanto por Colombia Humana como por el Polo Democrático y otros partidos. Así detienen a la juventud que gana elecciones, así detienen el voto popular. en algunos corazones de la vieja política en la justicia que quieren a como dé lugar detener el cambio, lo que nace no es el derecho, sino el “lawfare” el mal uso del derecho contra el voto popular”.

Agregó: “La justicia debería ser la vanguardia en la defensa de los derechos del pueblo, así siempre lo creí. Pero no es justicia si lo que se mata son los derechos del pueblo. Colombia necesita jueces justos para acabar su violencia y desigualdad”.

Bien cierto es que sobre las decisiones judiciales puede haber discrepancias, ni más faltaba; sobre ellas se puede disentir, pero no puede ponerse en duda su legitimidad y su acatamiento por las demás autoridades públicas. El gobierno, con un lenguaje exacerbado, por un lado, ataca la independencia judicial, mientras por el otro reparte condecoraciones inoportunas e innecesarias a magistrados por el cumplimiento de su deber.

Tampoco resulta sensato en un Estado de Derecho que el pleno de un Tribunal, por comunicado, reclame por su independencia al Ejecutivo.  Están dando pie para que en el futuro puedan ser recusados. Debió pronunciarse únicamente el Presidente, quien es el vocero de la corporación. La independencia se ejerce, no hay que reclamarla.