Los siguientes son apartes de una noticia publicada en este diario. “Estados Unidos refuerza su arsenal de lucha contra el narcotráfico apuntando a personas y organizaciones de China, Brasil, Colombia y México, anunció el miércoles el gobierno de Joe Biden, cuando el país acaba de registrar un récord de muertes por sobredosis: ‘El presidente Biden toma medidas decisivas para detectar, desbaratar y reducir el poder de las organizaciones criminales transnacionales y proteger al pueblo estadounidense’ a través de dos decretos sobre el crimen organizado transnacional y las drogas. Uno de estos decretos establece un nuevo organismo, el Consejo de Estados Unidos sobre el Crimen Organizado Transnacional (USCTOC, por sus siglas en inglés) que estará integrado por representantes de distintos organismos gubernamentales”. En fin, es un paso importante en el reajuste de la estrategia contra el crimen transnacional incluyendo el narcotráfico, focalizando el esfuerzo contra las mafias transnacionales.
Sin embargo, se puede avanzar aún más en dicha dirección contrarrestando de paso las tendencias a rechazar al gobierno de EE. UU. por su injerencia en las competencias judiciales de otros estados. Punto sensible que se lograría ampliando la estrategia, partiendo de la importancia de colocar sobre la mesa algo que tiende a soslayarse en los países primordialmente consumidores como Estados Unidos y en los principalmente productores de drogas ilícitas como Colombia. Esto es, que se requiere una constante y férrea voluntad política -a veces ausente, a veces débil- para que la ejecución de la estrategia produzca los resultados esperados.
¿Qué es lo que más se opone para que la voluntad política en la implementación de la estrategia contra las mafias y sus “anexos” -como el narcotráfico- sea constante y férrea? Además de distintos grados de debilidad institucional en los diferentes países que sufren el flagelo, hay un aspecto al que frecuentemente se prefiere no mirar: los principales obstáculos se presentan por la corrupción sofisticada maquinada desde las mafias transnacionales hacia las autoridades responsables de la implementación de la estrategia en cada país. Lo cual hace que el esfuerzo principal no se mantenga focalizado en el centro de gravedad del problema constituido precisamente por esas mafias y las “gestiones” (lavado de activos, ocultamientos, disimulos etc.) de sus sobornados de “cuello blanco”, coequiperos claves.
Así las cosas, conviene que el reajuste estratégico incluya la manera de pasar por encima de dichos obstáculos internacionalizando mejor la lucha. Esto se lograría bajo un tratado que disponga la elaboración de un código penal internacional que tipifique delitos característicos de las mafias transnacionales y sus “aliados”, luego de lo cual y bajo la tutela de la OEA los países americanos que se acogieran destacarían agentes de inteligencia, policías y fiscales de probada honestidad y experticia para conformar un Cuerpo Internacional contra el crimen organizado competente para operar subsidiariamente- y cual espada de Damocles - en cualquiera de dichos países.
Cabe anotar que, dada la experiencia acumulada por Colombia, estamos en posición privilegiada para, en equipo con EE. UU, plantear la propuesta aquí expuesta.