Sainete contagioso
Nuevos ingredientes para el embutido jurídico en que en estos momentos se ha convertido la destitución del Alcalde Mayor de Bogotá. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se ha pronunciado, mediante documento, sobre la falta de competencia del Procurador para destituir al Alcalde, argumentando que solamente por actos de corrupción y por decisión de un juez penal es posible hacerlo, sazonando su punto de vista con el Pacto de San José sobre derechos humanos que da fundamento a la tesis. Muchas de las tutelas interpuestas por ciudadanos invocando la protección del derecho fundamental a elegir y ser elegidos se encausan por la vía del Consejo de la Judicatura, cuyas decisiones podrán o no ser coincidentes con las del Consejo de Estado. Todas gracias a que la acción de amparo se puede presentar ante cualquier juez de la República.
Por otro lado, el Consejo de Estado acordó que en Sala Plena decidirá la revisión de una de las tutelas, la presentada directamente por el Alcalde a través del apoderado, que fue negada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, argumentando que la Constitución Nacional sí faculta al Procurador para destituir a funcionarios de elección popular.
Se cocina a fuego lento otra decisión de tutela, donde ya se dictaron medidas cautelares suspendiendo la decisión del Procurador y sobre la cual, avezados juristas se inventaron la peregrina tesis de que era una decisión inane puesto que el acto no había sido notificado. Habrase visto semejante leguleyada. Lo que allí se diga también llegará al Consejo de Estado, pero ya con jurisprudencia que quedará sentada con la primera.
Y como todo el mundo quiere terciar en el debate, a favor o en contra, un selecto grupo de notables, en todo su derecho y so pretexto de defender las instituciones republicanas colombianas, envía memorial a la Comisión Interamericana solicitando se abstenga de cautelar al Alcalde, pues en esta República, todo el aparato institucional; disciplinario y judicial marcha como un relojito. Vivir para ver.
Pero resulta que si hay algo endémico son los litigios y el equívoco social de querer resolver todo tipo de conflictos judicialmente. Ya se contagió del sainete la Convención Conservadora y los derrotados en ella impugnaron ante el Consejo Electoral las decisiones allí tomadas, incluyendo la elección de la candidata del Partido. En dicho organismo se encuentran representados muchos de los que componen la Unidad Nacional y será quién diga si hubo vicios en las decisiones tomadas y a partir de allí, comenzará otro entramado de acciones judiciales seguramente. Pero tranquilos que las instituciones democráticas colombianas funcionan a la perfección, según la opinión de los notables y no necesitamos que nadie nos diga cómo hacer las cosas.