PROPUESTA POLÉMICA

Constituyente para la justicia

Gran alboroto ocasionó  la propuesta de la Comisión Interinstitucional de la Administración de Justicia proferida la semana pasada, en la cual solicitaban hundir el Acto Legislativo conocido como de “equilibrio de poderes” y en su lugar convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Justicia. Era de esperarse la fuerte reacción del Gobierno y del Congreso de la República que se sintieron descalificados en sus funciones por los rectores de la justicia;  sorpresiva la desautorizada al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, que inconsultamente se apresuró a comprometer a la entidad en semejante entuerto. Pero mayor aún la batahola que armó la entrevista al Fiscal General de la Nación, cuando explica las razones de su proceder en la referida Comisión, que levantó ampollas en todas direcciones y ha puesto a reflexionar a los editorialistas sobre las funciones de la Fiscalía. Ya habrá que ir pensando en serio si ese cargo debe pasar al ejecutivo.

Varias enseñanzas nos traen los recientes acontecimientos. La primera, es el carácter instrumental de una Constituyente; si lo que se quiere hacer es  un cambio profundo en el diseño de las instituciones democráticas, concretamente en la rama jurisdiccional del poder público, sin duda es el instrumento adecuado; pero si lo que se necesita es simplemente ajustar o retocar, utilizar una vía de esta naturaleza resulta desproporcionado; sería mejor insistir en un Acto Legislativo, siempre y cuando el Gobierno lo lidere y acompañe como un propósito de Estado. Si el Congreso no adelanta la reforma habría que pensar en  otro instrumento que podría ser la Constituyente. Lo que suena absurdo es proponerla sin saber qué es lo que se quiere hacer en ella.

Lo segundo es que definitivamente algo pasa con la tal reforma al “equilibrio de poderes”. Todo empezó con una reforma de carácter político, eliminando la reelección que fue lo que desencajó la institucionalidad del país, luego  aparecen otros temas, como la lista cerrada y las circunscripciones regionales para Senado y se agregan temas de justicia, como reformar el gobierno de la rama, suprimir las funciones electorales de las Cortes, la puerta giratoria, la comisión de aforados y hasta repetir lo que ya existe que es la inhabilidad de dos años para litigar en la Corte a la cual se perteneció. Nuevamente, a mala hora, se junta la política con la justicia y comienzan las transacciones por encima de las razones. El país ya debía haber aprehendido que este ayuntamiento no es conveniente, ni siquiera para hacer reformas, es como juntar el agua y el aceite. Por supuesto, que los puntos son importantes, pero no son suficientes ni con ellos se resuelven los problemas de la Justicia.

El tema de la justicia amerita una reforma más eficaz, estructural,  completa y que garantice mejor acceso y justicia para los colombianos.   De pronto, el instrumento sí es el Acto Legislativo, si el Gobierno lo lidera y el Congreso asume la responsabilidad. Pero con paños de agua tibia se baja un poco la fiebre, pero no se alivia el enfermo.