La soberanía nacional
Los tratadistas tienen claro el tema de la soberanía. Los colombianos no. Ella se ha venido diluyendo y, si bien, el constituyente primario, el pueblo, en quien reside, vota, la delega en un extraño proceso. ¿Dónde está la soberanía colombiana? Repartida.
Un pedazo lo tienen el agente y el coagente nombrados por el Gobierno, ante la Corte Internacional de Justicia, con asesoría de nueve abogados, la mayoría extranjeros, para enfrentar las dos nuevas demandas de Nicaragua, la primera relacionada con el cumplimiento de la sentencia proferida el diecinueve de noviembre de 2012 y la segunda pidiendo la extensión de su plataforma continental a más de doscientas millas. Ese trámite, largo, costoso y desgastante, unido al secreto diplomático, se vincula necesariamente a la decisión del presidente Juan Manuel Santos de no aplicar el fallo de hace un año y cinco meses, aun cuando nos hemos quedado cortos en el desarrollo de la determinación.
Sobre el artículo 101 de la Constitución, que fija nuestras fronteras, el señor Presidente de la República espera un pronunciamiento del Consejo de Estado que precise si el tribunal de La Haya, per-se, modificó y anuló, en parte la norma, lo cual sería un exabrupto, porque no puede cambiar nuestra Carta, sin participación del Congreso ni del pueblo.
El señor Procurador General de la Nación destituyó, mediante resolución motivada, por errores administrativos fehacientes, al Alcalde Mayor de Bogotá. Durante los últimos meses se interpusieron recursos y tutelas, todos resueltos en confirmación de la determinación de la Procuraduría. El funcionario afectado recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, -que no es un tribunal- y esta, después de conocida la última actuación de la justicia, pidió la congelación de su salida, con sorpresivas e inaceptables medidas cautelares que no caben en este caso. Por fortuna, el Presidente de la República actuó bajo el principio de legalidad, hay Alcalde encargado y corresponde tener cuidado con lo que sigue, en cuanto toca con la soberanía.
A los ciudadanos no se les informa acerca de los resquicios en las conversaciones de paz de La Habana, en la discusión de posibles acuerdos referentes a política antidrogas o de reforma agraria, debatidos entre cuatro paredes. Que se obtenga la paz es propósito colectivo, pero sin afectar el Estado de Derecho, ni las bases de la Democracia. La soberanía nacional debe seguir protegiéndose, sin dubitaciones. De eso depende el futuro institucional de Colombia.