Elecciones viciadas

Si algo está claro es que, hoy por hoy,  la politiquería domina el panorama y todo lo contamina cuando se trata de elegir a los altos servidores públicos. 

Es inevitable que lo referente a cargos de elección popular, como los de Presidente y Vicepresidente, congresistas, diputados, gobernadores, concejales, alcaldes y ediles, se desarrolle según la dinámica de los partidos y movimientos políticos, pero no es bueno para la vigencia del Estado de Derecho que dignidades como las de Fiscal, Procurador o Magistrado se asignen según la mayor o menor capacidad “manzanilla” de los aspirantes; o de acuerdo con sus influencias. Sin que interesen sus  hojas de vida, experiencia o  conocimientos.

La Constitución contempla distintas modalidades de postulación y elección, y ellas deberían cursar, como era antes, sobre fundamentos de objetividad por parte de postulantes y electores, con base en el conocimiento de sus antecedentes y trayectoria, y con la mira puesta en el  logro de la excelencia. Los candidatos no deberían verse obligados a pasar de oficina en oficina y de curul en curul para solicitar el voto, muchas veces contrayendo compromisos que no deberían contraer. Ni quienes aspiran y son servidores públicos en ejercicio deberían hacer favores burocráticos o de otra índole a los postulantes o electores. Además, esto último está expresamente prohibido en la Constitución.

Hay algo inconstitucional que debe ser erradicado: dividir a las corporaciones judiciales para clasificar a sus integrantes entre pertenecientes al partido liberal o al partido conservador, de modo que a un liberal que se retira o se le vence el período lo tiene que remplazar un liberal, y al conservador otro conservador.

Eso pudo ser  válido en la vigencia de la Constitución de 1886, cuando no existían sino esos dos partidos. Hoy, con una Constitución pluralista y democrática, y cuando cada cual es libre de pertenecer a cualquier colectividad o de no afiliarse a ninguna, eso es sencillamente inaceptable, y viola la Constitución.

Por otro lado, la figura de la reelección es antidemocrática, dañina y contraria al interés público. No permite la renovación en las instituciones. Rompe la igualdad entre los candidatos. Favorece las componendas y el clientelismo. Obstruye la gestión pública. Permite tapar los vicios internos y da lugar a  los vergonzosos cruces de favores y prebendas. Debe prohibirse para todos los cargos si se quiere volver a la transparencia en el ejercicio del poder y a un Estado menos corrupto.