Petro y María Corina
El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello, ha resuelto arbitrariamente -sin un debido proceso y sin competencia- despojar de su investidura a la diputada María Corina Machado, supuestamente por haber ejercido función al servicio de otro Estado -Panamá- cuando habló ante la OEA.
Es decir, a María Corina le están haciendo lo mismo que le hicieron en Colombia a Gustavo Petro: funcionarios administrativos -porque eso es el presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, y eso son el Procurador y el Presidente de la República en Colombia- privan de sus derechos políticos a una persona elegida popularmente y en la práctica anulan -dejan sin efecto- la decisión adoptada por el pueblo en las urnas.
Eso demuestra la importancia y el profundo sentido democrático de la norma consagrada en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos -Pacto de San José-, a cuyo tenor, en cuanto a los derechos políticos de los elegidos popularmente, la ley no puede reglamentar sino “por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal” (subrayo).
Esa era la garantía democrática que quería preservar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante las medidas cautelares concedidas a Petro y que el presidente Santos desacató, contrariando el artículo 93 de la Constitución, según el cual los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia (como la Convención Americana) “prevalecen en el orden interno”. Y aunque el artículo 9 de la misma Carta Política señala que “las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional (cuyo titular, según el artículo 3, es el pueblo, no el Procurador), en la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios de Derecho Internacional aceptados por Colombia (uno de ellos el que obliga a los Estados a cumplir de buena fe los Tratados Internacionales, en especial los de Derechos Humanos).
Precisamente, por carecer de todo argumento para justificar su decisión -porque no lo es su ambición reeleccionista-, el Gobierno colombiano se retiró de la Audiencia convocada para este lunes por la CIDH, aumentando así el desprestigio internacional en que estamos cayendo.
Seguramente, si María Corina, cuyos derechos están siendo violados, acude a la CIDH y solicita medidas cautelares, es probable que se las concedan -porque ellas no son únicamente para las amenazas de muerte, como cree nuestra Canciller-, Maduro seguirá el ejemplo de Santos y las desacatará olímpicamente.