De irresponsabilidades e incapacidades

Francamente el incidente que para muchos no tiene mucha explicación, y para otros infantilmente se explica en el día de los santos inocentes, es una muestra de profunda irresponsabilidad que debería dar lugar a sanciones y un juicio severo de las autoridades competentes. Esto que pensábamos parecía un cuento de una película infantil de pilatunas, terminó convertido en un acto que le costó a la ciudad todo un operativo, y al pobre taxista un deterioro en su imagen y una seria afectación a su tranquilidad mental y psicológica.
No es posible que a una líder de opinión del país, una persona que en su calidad de periodista de un canal oficial y con la responsabilidad que implica su condición de autoridad de opinión, se le ocurra enviarle mensajitos a un Comandante de la Policía señalándole que era víctima de un paseo millonario. Independiente de las razones y en el ejercicio razonable de sus funciones, el Coronel actuó como debía hacerlo, al movilizar la Fuerza Pública y al incluir al Gaula por el riesgo de un secuestro extorsivo. No vale el argumento de la periodista cuando afirma que le escribía como amigo y no como policía, por cuanto la reacción natural de una autoridad policial en un caso como este es actuar y mejor si lo hace rápidamente.
Todos los días nos recuerdan a los ciudadanos el buen uso de medios como la línea 123, y la importancia de hacer un uso prudente de servicios del Estado (bomberos, policía, salud, etc.), para que se sucedan hechos tan absurdos como este.
De postre. Una razón más para que se caiga la Reforma a la Justicia son las nuevas denuncias del despilfarro y mal uso del Consejo Superior de la Judicatura a los recursos públicos asignados. Ahora resulta que con nuestro dinero pagado en tributos, hay sobrecostos en obras y pagos de arriendos, no hay resultados en el programa de descongestión a la Justicia (como quien dicen recursos mal invertidos), hay desvíos en la disposición de recursos para determinados rubros, gastos pagados pero no realizados o sin soporte, y en general hay una demostración más y fehaciente de que la administración de los recursos de la Justicia no puede seguir en manos de incapaces en la materia. Los jueces y abogados deben ejercer su función antes que pretender posar de administradores de recursos públicos, asunto en donde dejan mucho que desear sus actuaciones. Es hora de que la verdadera Reforma a la Justicia aborde este asunto e impida que nuestros tributos sigan en manos de la incompetencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Una razón más y de sobra para evitar darle el gusto a las altas Cortes que siguen insistiendo en una Reforma que les dé más recursos, a una Rama que parece un barril sin fondo, que no mide el impacto de las inversiones, que no sabe gastar y que es pésimamente administrada.
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