Con ocasión de la próxima visita del Papa Francisco a Colombia, en el mes de septiembre, surgieron varias iniciativas  de proyectos de ley que se presentaron al Congreso de la República, todas con la misma finalidad: reducir las penas  que cumplen condenados por diversos delitos. Justifican la medida en  la costumbre que se tiene en éste y otros países con población cuya mayoría  profesa la religión católica,  de expedir una Ley de Jubileo por la visita del Papa. 

Una de las propuestas, del Partido de La  U,  busca  reducir las condenas de determinados prisioneros en una sexta parte y también “para las personas que están imputadas, siempre y cuando los delitos no sean de lesa humanidad o de los Estatutos de Roma, nada de violación, de secuestros, de asesinatos”.

La otra propuesta es del Gobierno. El Ministro de Justicia la radicó y se cuidó en advertir que la visita del Papa no era la única razón para la rebaja. Surgió la idea de solucionar parte del problema carcelario de hacinamiento que enfrenta el país. “Podrían salir de manera racional, paulatina y progresiva entre 20 mil y 30 mil personas. No es una salida masiva de las cárceles como podría entenderse, sino desde unos criterios de judicialización donde habrá que hacer una solicitud, e igualmente quedan proscritos los delitos de lesa humanidad, genocidio y conductas de naturaleza muy grave como la corrupción”, dijo el Ministro.

Sucede que cuando anteriores prelados visitaron a Colombia regía la Constitución anterior, que manifestaba su preferencia por el credo católico.  Hoy, en vigencia la Constitución de 1991, que trata a todos los credos por igual y pregona la libertad religiosa, una ley que privilegie la visita de un líder religioso determinado podría encontrase contraria a la Constitución Política.  De ahí la necesidad de ampliar la justificación de la ley a motivos que no sean solamente los religiosos.

Si el motivo determinante no es la visita papal, la rebaja de penas debería estar anclada en una política  penal y penitenciaria razonable, adoptada por el órgano encargado de trazarla según la Constitución y no obedecer a una coyuntura caprichosa y circunstancial, como pareciera ser la que termine fundamentando los proyectos de ley presentados. El problema carcelario no se soluciona desocupando las cárceles a la “topa tolondra” y regresando los condenados a las calles en perjuicio de la seguridad ciudadana; en temas tan delicados no se puede proceder con la emoción y la improvisación, por jubilosos que estemos los católicos con la visita anunciada.

Tampoco se observa procedente la fundamentación adicional que ofrece el Gobierno de que “Se trata de una medida de política criminal fundamentada desde un punto de vista del Derecho Internacional, de factores humanísticos y la razón de la venida del Papa no es una razón suficiente sino una razón convergente, porque estamos en un Estado laico y es muy saludable que convengan. Pero la razón suficiente es una política criminal fundamentada en aspectos humanitarios”. Si derechos  fundamentales y humanitarios se trata,  vamos a tener que soltar a todos los presos que reciben un trato indigno en las cárceles colombianas.  Mejor trazar la política, sin tanto apretujo.