El fallido intento de los $13 billones de partidas globales que debió ser retirado melancólicamente con el ahora recordado “decreto de Yerros”. El esperpento jurídico de decreto reglamentario que ahora anda colgado para comentarios, dándole al presidente carta blanca con las vigencias futuras”, saltándose toda la institucionalidad técnica dispuesta para ello, aunque a última hora le han dado un giro del visto bueno obligatorio del presidente al deber de información de los funcionarios. Y el anuncio de que el ministerio del transporte se dispone a liquidar el gran programa de concesiones para la costa caribe con el que se buscaba modernizar la infraestructura vial de la región Caribe alegando problemas de peajes; son tres episodios que tienen un hilo conductor común: el deseo de este gobierno de sacar a codazos al sector privado de la infraestructura y acabar con los esquemas APP (asociaciones público - privadas).

Si no haber establecido un par de peajes (o no haber ordenado con autoridad su instalación como correspondía) es razón suficiente para declarar la liquidación anticipada de un contrato de concesión que vale $4,2 billones, estamos empezando a presenciar lo que será la parálisis en todo el país del esquema de concesiones APP a través de las cuales se ha logrado canalizar exitosamente más de $ 100 billones en los últimos años para modernizar la infraestructura del país.

Suma que hubiera sido absolutamente imposible canalizar hacia el desarrollo de la infraestructura a través de los solos recursos públicos.

Por todas partes habrá en adelante un peaje en dificultades que podrán alentarse y servirá para alegar que procede la liquidación anticipada del contrato de concesión respectivo.

Es también el comienzo de litigios gigantescos contra el Estado por liquidación anticipada de los contratos: en vez de vías modernas tendremos en adelante kilómetros de pleitos.

¡Retrocedemos treinta años en la modernización de la infraestructura!

El gobierno ha dicho que las APP (cuya base son los peajes y las vigencias futuras) se propone sustituirlas con la aplicación del mecanismo de la valorización. Se trata de un esquema previsto por la ley y por lo tanto es factible en principio. 

Pero lo que resulta ilusorio -por razones cronológicas- es que si se inicia la demolición de las APP desde ahora, como lo ha dicho el ministro de transporte y como puede deducirse del anuncio de que se declarará la liquidación unilateral del gran programa de concesiones viales que estaba previsto para la costa que sería la primera cuota de dicha demolición, resulta ilusorio que se pueda sustituir por el mecanismo de valorización simultáneamente. Lo primero puede ser rápido, aunque costoso para el fisco. Lo segundo tomará varios años.  

En tal caso no es aventurado pronosticar que nos vamos a quedar en una tierra de nadie durante un tiempo en donde no habrá ni APP ni valorizaciones. Es decir, el país se quedaría sin instrumentos para emprender la gran infraestructura que tanto necesita por un periodo largo de tiempo. El peor de los mundos. 

Para poner en marcha un ambicioso programa de valorizaciones se requieren dar múltiples pasos jurídicos que no están listos. Es necesario decretar ajustes en el catastro a lo largo de franjas de kilómetros de las vías 4G que se extienden por la geografía nacional. Hay que lidiar problemas de repulsa ciudadana mucho más serios que los que hoy plantean los peajes. Y, en fin, hay que reestablecer la confianza de los inversionistas que hoy está gravemente averiada por razón de los bandazos y anuncios contradictorios que viene dando epilépticamente el gobierno en las últimas semanas en materia de infraestructura. 

El gobierno del presidente Petro parece estar envenenado contra los peajes porque generan molestias entre algunas comunidades. Más envenenado estará cuando empiecen a llegarle las facturas de valorización a los afectados. ¿Qué hará en ese entonces el gobierno Petro? ¿Dinamitará también la valorización como hoy está haciéndolo con las APP? 

Hay que aceptar que, si queremos darnos una infraestructura adecuada como la que requiere el siglo XXI, es necesario pagarlo de una u otra forma. Pensar lo contrario es una fantasía.