No es aventurado pronosticar que -como van las cosas- la regla fiscal va por el mismo camino que la reforma a la salud: es decir, está próxima a fracasar.

Y quien lo dice no es cualquier improvisador, sino el observatorio más serio e independiente de que disponemos: el comité autónomo de la regla fiscal (Carf) que, en su pronunciamiento # 10 de marzo 11 del 2024, pronostica que a estas alturas resulta muy improbable que se vaya a poder cumplir con los postulados de la regla fiscal en 2024.

Las razones del comité autónomo son varias, pero tratando de resumirlas de alguna manera podemos decir lo siguiente:

*En 2023 completamos cuatro años de reducción sistemática del déficit fiscal al paso que esta tendencia se revierte en las proyecciones del 2024. En efecto, la tendencia que se traía cambia y el déficit fiscal empieza a subir.

*Según el plan financiero recientemente divulgado este año “se generará un déficit fiscal de 5,3% del PIB, con un déficit primario de 0,9%. Ambos indicadores son más negativos que en 2023 (4,3% del PIB de déficit total, y 0,3% del PIB de déficit primario) con lo cual se interrumpe la tendencia de disminución de los déficits del gobierno que se traía desde 2020”.

*La deuda pública también se estima por la Carf que como proporción del PIB va a incrementarse este año, cuando alcanzará 57% del PIB al paso que en 2023 cerró por debajo del 55%, rompiendo así la senda descendente que se había observado en años anteriores.

*El gasto primario del gobierno central (es decir, sin contar el pago de intereses de la deuda y sin contabilizar los pagos que requiere el fondo de estabilización de los combustibles) ha empezado a aumentar inquietantemente.

*En este año -dice el comité- “ascenderá a $ 314 billones, cerca de $ 38,5 billones de pesos más que lo observado en 2023”. Dicho de otra manera: el gasto gubernamental en menesteres no asociados con el servicio de la deuda o la morigeración de los subsidios s los combustibles, está comenzando a rugir con voracidad sorprendente.

*De otro lado, en lo correspondiente a los ingresos esperados, se está contando con que ingresarán a las arcas públicas cerca de $10 billones no estructurales (o sea que su efecto será por una sola vez), además de que su recaudo es incierto toda vez que dependen de que se monte un sistema de arbitrajes tributarios en la Dian sobre el cual no se ha aprobado la ley previa que el montaje de su cobro requiere.

Sin entrar en los demás pormenores técnicos del importante pronunciamiento del comité autónomo de la regla fiscal al que nos estamos refiriendo, puede decirse que la situación fiscal del país en vez de mejorar tiende a deteriorarse este año. Y que el cumplimiento de la regla fiscal luce cada día más incierto y lejano.

Lo cual no deja de ser preocupante pues, recordémoslo, incumplir con este importante indicador de sostenibilidad fiscal sería algo pésimamente leído por los mercados, agencias calificadoras y en general por la comunidad financiera internacional de la que tanto dependemos. Los intereses que tendríamos que pagar se encarecerían y la consecución de nuevos fondos escasearía.

Tanto más si seguimos ahuyentando la inversión extranjera con las frecuentes actitudes hoscas del gobierno, y con el mal ambiente sobre la seguridad jurídica que cada vez se agrava con los bandazos que se vienen dando en cruciales materias como la infraestructura.

Este panorama se complicaría aún más si efectivamente se presenta una nueva reforma tributaria en este año, como lo ha anunciado el gobierno. Bajar las tarifas corporativas del 35% al 30% y elevar simultáneamente las de las personas naturales que ganan más de 10SMM, como se ha dicho, no haría otra cosa que enrarecer aún más el ya complicado clima político que se vive, levantar suspicacias de que se quiere golpear a las clases medias, y pondría en evidencia la improvisación pasmosa con que se vienen anunciando por el gobierno- sin siquiera contar con estudios serios de respaldo- estas delicadas materias fiscales.