La educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Como lo señaló el editorial del 23 de mayo, en Colombia, este sector enfrenta desafíos significativos que requieren reformas profundas y bien fundamentadas, que, sin duda, son una prioridad. La educación, reconocida como un derecho fundamental y financiada adecuadamente por el Estado, es crucial para garantizar el progreso y la equidad en el país, independientemente del régimen de turno.

El proyecto de Ley Estatutaria 224 de 2023, a pesar de las múltiples advertencias sobre su inconveniencia y la ausencia de un análisis fiscal por parte del Ministerio de Hacienda, ha avanzado en el Congreso, en contra de la ética de las discusiones y los apoyos que, hasta de la representante de la oposición, ha logrado el proyecto.

Lo más alarmante es la amenaza que esta reforma representa para las finanzas públicas, pues el derecho fundamental de alcance universal a la educación carece de un plan de financiación adecuado, sumado a la propia crisis de la salud y las prestaciones de los docentes, que llevó al gobierno a “auto-intervenirse” la semana anterior.

La reforma ignora la mejora de la calidad de la educación preescolar y básica y, no establece una conexión clara entre la educación y el mundo laboral, ni se alinean las necesidades del desarrollo nacional con los programas educativos, pues, en lugar de enfocarse únicamente en las universidades, es fundamental fortalecer la educación técnica y práctica, que representa el 65 % de las ocupaciones en el país. El inconveniente está, en que, en Colombia, todos queremos ser doctores.

Un aspecto controversial de la reforma es la intención de restringir la docencia a licenciados en educación, excluyendo a muchos profesionales capacitados que actualmente enseñan en las instituciones educativas durante décadas, como en mi caso, por 33 años, con la probidad de la experiencia y el plus de la especialización en pedagogía y docencia universitaria y una maestría en investigación en educación.

La propuesta de adoptar decisiones en forma "democrática, participativa y pluralista" suena bien en teoría, se alinea con el texto constitucional, pero requiere del aporte de la regla fiscal.

Se echa de menos, realmente, la participación de expertos en el campo de la educación para la redacción de los proyectos, ya que los servidores públicos, si bien conocen del tema, no son expertos con interacción universitaria en cargos académico-administrativos, sino meramente docentes, como el caso de la ministra, lo cual es indispensable para diseñar una reforma que responda a las necesidades actuales y futuras del país.

En Colombia, las instituciones privadas representan el 72 % del total y albergan el 46 % de la matrícula, no obstante, la crisis económica y la afectación con el plan de matrícula cero, que ha propiciado el que muchos estudiantes vayan a buscar cupos inexistentes en la pública u oficial, deserten de la privada o no oficial y, finalmente, no continúen su formación superior.