Es impresionante observar cómo la invasión de Rusia a Ucrania se ha convertido no solo en una guerra militar sino también en una profunda contienda energética. En Europa -desde donde escribo esta nota- no se habla de otra cosa.
Casi la totalidad de los países europeos trasladan a los consumidores los precios internacionales de los combustibles de manera automática. Por ejemplo, en Francia desde que comenzó la contienda ha aumentado 33% el precio en los surtidores de gasolina. En España ha sucedido lo mismo. Los gobiernos hacen esfuerzos fiscales inmensos para amortiguar estas alzas bajando impuestos o creando subsidios a los consumidores. En Estados Unidos donde el precio del galón al consumidor no llegaba a US$ 3 dólares, ahora sobrepasa los US 4 dólares. Es uno de los factores que explica la llamarada de la inflación que está estallando por todas partes.
Este es quizás el gran dilema de la política pública en estos momentos. El malestar ciudadano empieza a elevarse con exasperación. Nosotros en Colombia hemos logrado evadir este riesgo llevando al fondo de estabilización de combustibles todas las alzas. Pero esto tiene un costo que es el inmenso déficit que está acumulando este fondo y que puede llegar, según lo pronosticó recientemente el comité de la regla fiscal, a más de $ 30 billones al terminar el 2022.
El gran dilema, por el momento, es si Europa y Estados Unidos decretarán una prohibición a las importaciones de crudo y de gas provenientes de Rusia. Ya lo han hecho con relación al carbón. Hay inmensas presiones políticas para que lo hagan, pero gobiernos como el de Alemania se niegan rotundamente a ello por la alta dependencia que tienen de los suministros energéticos rusos, que en algunos casos superan el 50%. Si se prohíben las importaciones de gas y de crudo rusos se pronostica que el precio del barril de Brent podría llegar a US$ 170 y muy probablemente podría desencadenar una recesión económica a nivel planetario. Ya Rusia retalió contra Polonia y Bulgaria por negarse estos a pagar en rublos sus importaciones energéticas.
La casi totalidad de los gobiernos del viejo continente están embarcados en una carrera contra el tiempo para construir facilidades portuarias para recibir de Estados Unidos y de los Emiratos Árabes (los grandes exportadores) gas licuado para regasificarlo. Los países bálticos como Lituania ya han logrado superar la dependencia del gas rusos construyendo facilidades adicionales de regasificación.
Nosotros en Colombia tenemos una decisión similar que tomar en los próximos meses. ¿Construiremos o no una planta de regasificación en Buenaventura? La Upme del Ministerio de Minas y Energía tiene la última palabra. Será esta entidad la llamada definir si con las reservas que nuestro país tiene costa afuera en el Atlántico y en las cuencas del interior hay suficientes reservas para asegurar la autosuficiencia o si debemos, por razones de precaución, construir el nuevo terminal en el Pacífico. Se trata de una decisión crucial para el futuro energético del país. Sería deseable que los candidatos presidenciales se detuvieran a explicar en detalle cuáles son sus políticas energéticas para los próximos cuatro años.
El carbón, que ya había recibido los santos oleos por su condición ambiental negativa, también está reviviendo. No solo su precio sino la demanda internacional se ha elevado notablemente en los últimos meses. ¿Qué hará Colombia que tiene inmensas reservas de carbón de muy buena calidad y es el tercer exportador mundial? ¿Extenderá el acta de defunción a carbón o, por el contrario, aprovechará la crisis internacional para incrementar su presencia en los mercados internacionales?
En síntesis: la invasión de Rusia a Ucrania replantea no solo el tablero de la geopolítica internacional, sino también el de las políticas energéticas.