Nechí es una población del Bajo Cauca antioqueño en la cual funciona Mineros S.A., una compañía descendiente de otra que trabajaba en Chocó y Antioquia desde comienzos de 1900, y se dividió en 1974 en Mineros del Chocó y Mineros de Antioquia. De la primera solamente se sabe que desapareció con dragas y todo, mientras la segunda es una próspera compañía colombiana que opera con alta tecnología en ese municipio. Esta población aparece dentro de las que armaron un paro en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño, del cual se ocuparon los medios la semana pasada.
Se trata de doce municipios en los que se practica la minería de oro ancestral (con métodos primitivos y en pequeña escala) y “artesanal”, con maquinaria pesada y dragas que cuestan hasta 1.300 millones de pesos y que nadie sabe cómo llegan a apartadas regiones donde ni siquiera hay carreteras. Se dice que por helicóptero. El año pasado se destruyeron 339 aparatos. Esta minería produce unos daños terribles a la naturaleza por la deforestación y la contaminación de las aguas con mercurio. Las fotografías son aterradoras. Por supuesto, no pagan regalías ni impuestos. Es la clásica minería ilegal. Según el gobernador de Antioquia “estas mafias están cometiendo la mayor destrucción ambiental de la historia de Antioquia”.
Estos mineros ilegales, en los que también meten la mano los grupos criminales, reaccionaron frente a la destrucción, a comienzos de marzo, de 9 dragas y piden que no se sigan destruyendo esas máquinas. Al cabo de algunos días de paro, con la natural afectación a la libre circulación por carreteras que causa desabastecimiento de alimentos y medicamentos, el presidente Petro dijo que “no a la operación de las grandes dragas que utiliza la minería ilegal” y, luego de los consabidos consejos de seguridad, ordenó a la policía despejar los bloqueos, lo que se está haciendo desde el viernes pasado, a la fecha de escribir este artículo, sin incidentes especiales. Esto hay que reconocérselo a Petro.
Todo me suena conocido. Déjà vu, dicen los franceses. En Colombia todo se resuelve con paros. Y no me refiero solamente a los paros políticos, como el sangriento de 2021, sino para coaccionar al gobierno a hacer lo que queremos en nuestro interés particular. Los indígenas son expertos: queremos más tierra (tienen la mayoría de la tierra en Colombia y sólo producen coca). Basta la menor disculpa para hacer un paro localizado que produce efectos catastróficos. En abril de 2021 Semana informó que, hasta esa fecha y en los diez años anteriores había habido 37 paros. El Tiempo habló recientemente de casi 4 paros, principalmente petroleros, al día en 2023, de los que lo de Los Pozos es solo un ejemplo.
Empleados petroleros, mingas indígenas, maestros, transportadores, estudiantes, rama judicial, agrario, protestas cafeteras, cívicos, el comité del paro (sindicatos, pensionados, Fecode), taxistas, paros armados como los del ELN, entre otros, son responsables de varios paros en el periodo. En un alarde de irresponsabilidad sin límites el paro de 2021 se hizo en plena pandemia, cuando se presentaban 15.000 contagios y 500 muertos diarios.
Además, se presentan paros de un día o manifestaciones populares, de los cuales siempre se saca algún provecho. Del último “paro” de taxistas se sacó la promesa de eliminar las plataformas tecnológicas (lo que, obviamente, atenta contra la libertad de empresa y pone en riesgo a 100 mil personas) y del de motociclistas, bajar el Soat.
De lo que suceda con los mineros habrá que hablar otro día. Entretanto, hay que defender la minería legal, llámese petróleo, carbón, oro o cobre.