Más de 100 estaciones de radio fueron cerradas por el Estado venezolano el año pasado, acentuando el desplome de los medios de comunicación y comprometiendo la ya magra capacidad de informarse que tienen los ciudadanos.

En la provincia venezolana “las radios se habían convertido en la última o única ventana de que disponían los ciudadanos para informarse, y ahora se pierde aceleradamente”, dijo la docente de periodismo Mariela Torrealba, cofundadora del observatorio de medios de comunicación Medianálisis.

La oleada de cierres ejecutada por la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se produce al cabo de lo que las entidades gremiales de los periodistas califican como “desierto informativo”, una larga década de medidas que han achicado el espacio de los derechos de expresión e información, en un país gobernado desde 1999 por un gobierno autodenominado de izquierda y con una paulatina deriva autoritaria.

La mayoría de las estaciones cerradas son pequeños emprendimientos, privados o comunitarios, que no alcanzaron a llenar todos los requisitos exigidos por Conatel para sostener sus permisos, y con frecuencia se trató de emisoras con segmentos de programación críticos frente a las autoridades nacionales o locales.

Venezuela, un país de 28,5 millones de habitantes, la mayoría en la franja norte cerca del Caribe, tenía más de 100 diarios impresos hace una década, pero más de 70 cerraron porque durante años de control de cambio y monopolio estatal de las divisas se cercenó la posibilidad de importar papel para imprimir.

“Tenemos una población no solo empobrecida, sino profundamente desinformada, con acceso principalmente al mensaje de los medios oficiales, campo fértil para bulos o campañas de desinformación, y sin capacidad de construir referencias de opinión pública con otras personas”: Marianela Torrealba.

Varios de los principales rotativos nacionales, así como la estación televisora privada dedicada a la información, fueron vendidos a firmas que cambiaron su línea editorial. A emisoras críticas del gobierno, como la pionera Radio Caracas Radio, establecida en 1930, no se le renovaron sus licencias para operar.

Hubo medios que migraron a internet, sin conseguir las audiencias o lectorías del pasado, y también migraron, a otros países u ocupaciones, centenares de periodistas y otros trabajadores de los medios que perdieron sus empleos en la cascada de reducción de medios de comunicación distintos a los estatales.

Venezuela ha vivido una década de crisis marcada por una recesión que redujo hasta 75 % su producto interno bruto, varios años de hiperinflación y aguda depreciación de su moneda, ruda confrontación política y crisis social, lo que empujó a migrar a más de siete millones de sus habitantes.

Torrealba dijo que su entidad hace pequeños eventos con público en el interior del país al que preguntan cómo se informa, y “muy pocos dicen que a través de algún medio. La mayoría señala a las redes sociales, pero de modo escaso por razones como el débil acceso a internet o la falta de electricidad”.

 “Tenemos una población no solo empobrecida, sino profundamente desinformada, con acceso principalmente al mensaje de los medios oficiales, campo fértil para bulos o campañas de desinformación, y sin capacidad de construir referencias de opinión pública con otras personas”, consideró Torrealba.

También Carlos Correa, director de la oenegé Espacio Público, defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información, destacó que muchas radioemisoras privadas “sin necesidad de que se lo indique un órgano oficial se adhieren a la información que esté suministrando la TV gubernamental”.

Es una de las explicaciones de por qué han disminuido las cadenas obligatorias de radio y televisión que el presidente Nicolás Maduro practicó intensamente, hasta varias veces a la semana, en los primeros años en el cargo, al que llegó en 2013. En la práctica ya casi no son necesarias.

Los relatores para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos produjeron en agosto una declaración conjunta en la que señalaron que “El cierre de medios de comunicación y/o la incautación de sus equipos, ordenados por el gobierno venezolano, limitan cada vez más el acceso de los ciudadanos a información confiable de fuentes independientes, al tiempo que acentúan un ambiente general de autocensura entre los medios”.

*Periodista de IPS