Crear una 'crisis explícita' trasciende la mera frase o el propósito de una ministra dirigido a desmantelar el sistema de salud. Se destapa como una maniobra política de Petro, con la mirada puesta más allá de 2026. Su objetivo apunta a generar un caos total que le permita alcanzar su evidente ambición de perpetuarse en el poder.

Desde su llegada, al despedir a 60 generales y un número superior de coroneles, marcó el comienzo del debilitamiento de la Fuerza Pública. Paralelamente, su permisividad ha sido ostensible en el fortalecimiento de grupos criminales; informes de inteligencia señalan que, solo en el primer semestre de 2023, el Eln, las Farc y el Clan del Golfo acumularon más de 16.000 hombres armados, representando un aumento del 12% en comparación con 2022. 

Su propuesta de reforma a la salud busca destruir un sistema construido a lo largo de más de 30 años. Y mientras esta iniciativa se arrastra lentamente y moribunda por el Congreso, la crisis anunciada y el ataque a las administradoras privadas de salud avanzan rápidamente, iniciando con el intento de quebrar las EPS mediante el retraso en los pagos por servicios prestados. De facto, están ejecutando la reforma de manera subrepticia, con el afán de retroceder a modelos de medicina preventiva obsoletos en Colombia desde hace más de medio siglo y de ceder el manejo de recursos de la salud a la politiquería local. 

Adicionalmente, la suspensión de la exploración de hidrocarburos tiene como único fin debilitar la autonomía y autosuficiencia nacional, para entregarle nuestra seguridad energética al dictador Maduro. Esta política ha creado un clima de desconfianza hacia la inversión privada como también ha ocurrido en sectores clave como la minería, infraestructura y vivienda. 

El aumento exponencial en los cultivos de coca, reflejado en un reciente informe de la ONU que señala más de 230,000 hectáreas cultivadas -un incremento anual del 14% y del 24% en la cocaína procesada-, constituye otro paso hacia el caos. 

Petro ataca al poder legislativo porque este no se doblega a su voluntad y estigmatiza al poder judicial y a los organismos de control cuando sus decisiones no favorecen a los de su entorno. Mientras tanto, la corrupción en el Ejecutivo es rampante, el despilfarro del presupuesto es alarmante y la politiquería se ha establecido como política de gobierno. 

Colombia está experimentando la consolidación de un caos institucional, político y social, instaurado desde el poder central. Petro está calentando el ambiente y ha entrado en la peligrosa práctica de manipular el caos, usándolo como herramienta de destrucción, incluso de la realidad del país. De manera peligrosa, construye fantasías como la de un supuesto 'golpe' en su contra, para victimizarse, señalando irresponsablemente como culpable al expresidente Iván Duque ‘y sus amigos’. 

Su convocatoria a una Constituyente, alejada de los mecanismos definidos en la Constitución Política y más cercana a una revuelta subversiva a su medida, oculta la intención de alterar el orden establecido para asegurar su permanencia en el poder. Evita convocar una constituyente a través de los medios democráticamente establecidos porque, en las urnas, se enfrentaría a una nueva derrota, como la sufrida en las elecciones territoriales.

Además, durante su trámite por el Congreso, podrían incluir la revocatoria de su mandato. Petro está trazando un camino fuera de lo institucional, que incluye argucias en la agitación populista y hasta elecciones fraudulentas. Detenerlo es un deber patriótico.