Las vigencias futuras son una inteligente figura de nuestro derecho presupuestal que permite comprometer recursos más allá del estrecho marco de la anualidad, cuando se trata de financiar obras que por su magnitud requieren un flujo de recursos asegurado durante varios ejercicios presupuestales.

El encanto para los gobiernos consiste en que a través de las vigencias futuras terminan definiéndole buena parte de los planes de desarrollo a los gobiernos que los suceden. Al amarrar significativas partidas presupuestales a inversiones que se ejecutarán ocho, diez o veinte años después de que termine quien las autorizó, buena parte de la inversión pública queda definida de antemano.

Otra faceta atractiva que ofrecen las vigencias futuras es que el gobierno que las autoriza (normalmente con disponibilidades fiscales agotadas, como sucede con el gobierno Duque a pocas semanas de concluir su mandato) puede anunciar y hacer vistosas ruedas de prensa en las que informa con bombo la decisión de emprender obras que usualmente no anuncian los gobiernos a la salida sino al inicio de sus mandatos. Con lo cual logran dejar una especie de huella histórica o ADN en la memoria colectiva con relación a inversiones que terminan realizando los gobiernos que los sucedan.

La manera de armonizar el encanto de las vigencias futuras con su razonabilidad financiera depende de dos ingredientes: primero, que las inversiones para las cuales se abran sean decisivas para el desarrollo del país. Y segundo, que de las vigencias mismas no se abuse, pues si su monto sobrepasa ciertos límites pueden conducir a la inflexibilidad total del proceso de asignación de recursos en el gasto de inversión de los presupuestos futuros. Puesto que todo estará amarrado de antemano.

El anuncio que acaba de hacer la directora de Planeación Nacional, según el cual se expedirá en los próximos días un documento Conpes para autorizar 1,3 billones de vigencias futuras con el objeto de asegurar la financiación de un paquete de obras necesarias para controlar las inundaciones anuales en la depresión Momposina, cumple los dos requisitos para hacer de esta vigencia futura algo plausible.

Desde cuando dejamos estropear los magníficos canales construidos por los Zenúes que drenaban las aguas de las inundaciones anuales que el rio Cauca descarga inexorablemente sobre las tierras situadas en la depresión Momposina, el país sembró la mala semilla de una yerba devastadora para la agricultura y las comunidades (450.000 personas) que viven dentro del perímetro de esta depresión natural.

Las obras tendrán un horizonte de ejecución hasta el 2026 y serán financiadas, en parte, por el gobierno central a través de las correspondientes vigencias futuras; y en otra proporción por los departamentos y municipios rivereños comprometiendo para ello buena parte de las regalías venideras. Esto también es positivo: el 50% de las regalías venideras de las entidades territoriales que son Sucre, Bolívar, Córdoba y parcialmente Antioquia, en vez de dispersarse en chichiguas, se focalizarán (29% del costo total) hacia una inversión fundamental para el país como es el control hidráulico y ambiental de las inundaciones anuales de la depresión Momposina.

En esto no vamos a comenzar de cero. Existen completos estudios de la ingeniería hidráulica requerida como los que efectuó la universidad nacional hace algunos años, los del gobierno holandés, y un completo informe de la FAO que en su momento gestionó e impulsó el doctor Carlos Martínez Simahan cuando era nuestro embajador en Italia.

Si hay, pues, alguna inversión fundamental para el futuro del país es ésta de cobijar con el manto encantador de las vigencias futuras la rehabilitación hidráulica y ambiental de la depresión Momposina. Que desde cuando se cegaron irresponsablemente los canales construidos por la comunidad Zenú, estamos en mora de enmendar.