A este Gobierno y a sus pares por el orbe, los medirá el rasero de la historia por los resultados de dos cometidos gubernamentales: de un lado por el éxito de la vacunación, es decir, por la aplicación de la vacuna indicada, al mayor número de gente y en el menor tiempo posible. Creo que con este indicador vamos bastante atrás, por lo menos en comparación de otros países en igualdad de circunstancias; las vacunas que les están colocando a la mayoría de los colombianos, Sinovac y AstraZeneca, son las más discutidas mundialmente en cuanto a efectividad y efectos secundarios; además vamos a paso de tortuga con el número de vacunados. Mucho se dice de errores en la negociación con las casas de las mejores vacunas, como Pfizer o Moderna; pero hay que conformarse, pues como alguien dijo, la mejor vacuna es la que haya.
Un segundo rasero sería la reconstrucción de la actividad económica y el empleo, afectados considerablemente por el confinamiento, el cierre al turismo y la baja de restaurantes, bares, hoteles y, en general, la industria del entretenimiento, todavía sin poder recuperarse. Le ha correspondido al Estado salir al apoyo de políticas sociales con la población más vulnerable, la asistencia social ha sido manifiesta, subsidios a la nómina para evitar despidos masivos, ingresos solidarios generalizados para que la población más informal tenga al menos con que subsistir apretadamente. Para atender a todos estos frentes el Gobierno presentará próximamente la anunciada reforma tributaria, que de paso colma exigencias de los bancos y agencias calificadoras internacionales para mantener al país en grado de subsistencia.
La reforma que propone el Gobierno es en este momento el motivo de discordia nacional.
Para las voces de los gremios del sector productivo y de importantes dirigentes políticos, la reforma es perjudicial; en lugar de recuperar la economía va a ser retardataria y afectará la productividad. Las empresas del sector formal en Colombia padecen la mayor tasa de tributación del OCDE, con desaconsejables tributos como el Impuesto de Industria y Comercio y el gravamen a las transacciones financieras. Según la Comisión de Beneficios Tributarios, que el Gobierno consultó, pero que no atenderá, en este estado de cosas resulta mejor importar que producir en Colombia. Según la citada comisión, ampliar la base de recaudo por IVA sería una real solución, que al parecer no se va a tocar por el efecto político que el tema despierta.
Se critica igualmente que se quiera introducir nuevamente el impuesto al patrimonio, pues no se logra cosa distinta que comprometer las rentas de dichos bienes, desestimulando la inversión y el ahorro. Para agravar las cosas se quiere incrementar el 50% en la tarifa aplicable al impuesto a los dividendos. La tasa efectiva de tributación de una empresa rondaría el 70% lo que significa un verdadero desestimulo al sector productivo. Mejor dicho, el temor a un eventual Gobierno de Petro, se observa como un mal menor, frente a lo que vamos a comenzar a vivir a ahora, bajo el ropaje de la “solidaridad sostenible”.