El gobierno está “socializando” un proyecto de ley para reformar los códigos penales, con la idea de que la justicia sea restaurativa y no punitiva, cualquier cosa que eso quiera decir.

En los últimos 25 años, los códigos Penal, de Procedimiento Penal, Penitenciario y de la Infancia y Adolescencia, han sufrido más de setenta reformas, unas presentadas por el gobierno y otras no. El análisis de los proyectos en el Congreso es de una pobreza irritante. La motivación y justificación de los proyectos es casi nula.

Pero es relativamente fácil deducir qué es lo que se quiere arreglar. La ausencia de estadísticas confiables no es óbice para concluir que son muy pocos los casos en los que la justicia cumple su cometido. Lo índices de impunidad son rampantes y ni los grandes crímenes escapan. La posibilidad de que un homicidio sea sancionado no llega al 5%. No es difícil ver que la capacidad investigativa de la Sijin, la Policía y la Fiscalía es prácticamente inexistente. Por ello, naturalmente, las víctimas no presentan las denuncias y sin ellas o la flagrancia no hay manera de iniciar el proceso. De ahí que se acuda a las reformas legales para atacar el problema. El sistema penal acusatorio no tiene otro propósito que ese. Pero, de no ser por la posibilidad de rebajas de penas cuando se confiesa el delito, no hay mejora en la efectividad de la justicia. A lo cual no escapa, por supuesto, la táctica de demorar los procesos para ver si se alcanza la liberación de los presos o la prescripción.

El nuevo proyecto, presentado bajo la cara de una justicia restaurativa enderezada a que los reos liberados puedan integrarse a la sociedad, en el fondo es solamente un mecanismo para rebajar penas y abrir espacio en las cárceles abarrotadas, sin servicios adecuados en salud, y sin posibilidades de rehabilitación. Ni siquiera las cárceles de alta seguridad se libran de las fugas y de la corrupción del Inpec.

De allí que se rebajen las penas máximas, y se amplíe la posibilidad de recibir casa por cárcel o que de un plumazo se quite el carácter delictivo al terrorismo durante las protestas.

No hay nada inteligente ni imaginativo para resolver el problema carcelario (colonias penales, por ejemplo, para delitos menos graves), ni para que la tranquilidad de una sociedad azotada por los delincuentes que se han apoderado de las ciudades, vuelva a niveles tolerables según los estándares internacionales. Los jueces seguirán enviando a prisión domiciliaria a un asesino in fraganti porque consideran que no es un peligro para la sociedad.

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Coda: Por decreto 2636 de 2022, Mindefensa ajustó para 2023 el esquema de subsidios de vivienda que otorga el Estado a través de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía a sus afiliados. La normativa actual ordena que el Mindefensa destine el 3% de la nómina de las Fuerzas Militares y de Policía a subsidios para adquisición de vivienda de oficiales, suboficiales, soldados y agentes.

Según el gobierno, continuar con los subsidios, que se basan en SMLV, generaría un déficit de 1.7 billones en los próximos años. Los cambios propuestos no afectan a los militares de rango inferior, pero sí a los demás cuyo subsidio permanece igual, lo que, considerando la inflación, representa de hecho una disminución. La pregunta que cabe hacer es: si Petro propone pagar un millón mensual a 100.000 jóvenes -no se sabe para qué-, lo que cuesta 1 billón doscientos mil pesos anuales ¿por qué no hay plata para quienes diariamente exponen su vida por nosotros?