Es imposible abordar la situación de la seguridad ciudadana en Colombia sin considerar el crítico estado de nuestro sistema carcelario y penitenciario. Este tema es de suma importancia para el Estado, ya que las deficiencias en centros de reclusión, afectan directamente la percepción de justicia y seguridad del país. La falta de castigo y resocialización de los delincuentes es preocupación recurrente en columnas de opinión, que parece ser ignorada por los últimos gobiernos.

Actualmente, nuestro país carece de una red carcelaria seria y profesional. Esta situación ha llevado al maltrato, irrespeto y postración de la población reclusa, sometida a condiciones inhumanas. Además, la infraestructura de nuestras cárceles es tan deficiente, que no cuenta con el espacio mínimo recomendado para la permanencia de los internos, las instalaciones sanitarias son prácticamente inexistentes y la atención en salud deplorable, a pesar de que todos los reclusos tienen derecho a recibir cuidados médicos adecuados.

La lista de equivocaciones y desatinos en nuestro sistema carcelario es interminable, generando urgencia en su ajuste y corrección. Para ello es imprescindible una decisión políticamente firme, venida del gobierno, en cabeza del señor ministro de Justicia y directivos del Inpec.

Sabemos que reformar el sistema penitenciario demanda un proyecto de largo aliento, pero es fundamental que el Estado demuestre interés y compromiso en la solución de esta grave crisis. Los recientes incidentes, como el asesinato del coronel Elmer Fernández Velasco, director de la cárcel La Modelo, y las amenazas a la mayor Nancy del Socorro Pérez, directora encargada, evidencian la gravedad de la situación. Estos eventos generan un clima de temor y perplejidad, destacando la incapacidad de nuestros directivos y guardianes para operar en un entorno seguro.

Los reclusos, desde el interior de las cárceles, continúan intimidando la ciudadanía y atentando contra la vida de sus vigilantes, demostrando a todas luces, la ineficacia de nuestras instalaciones e insolvencia del sistema de controles.

Es urgente prestar la debida atención a este asunto. El gobierno debe adoptar una política prioritaria dirigida a la innovación del sistema penitenciario y carcelario; esto implica adquirir terrenos adecuados para construir nuevas instalaciones a las afueras de las ciudades y equipadas con tecnología de punta, que minimice el contacto entre reclusos y sus vigilantes, extensivo a los directivos. Este esfuerzo, será reconocido y aplaudido tanto a nivel nacional como internacional, ya que representará un compromiso real con la justicia, la paz y la seguridad.

La comunidad espera y merece un sistema carcelario que no solo castigue, sino que también resocialice a los delincuentes, brindando así una verdadera sensación de justicia. Le llegó la hora al gobierno de actuar con decisión y responsabilidad, garantizando que nuestras cárceles no sean focos de violencia y corrupción, sino instituciones que contribuyan a la construcción de una sociedad segura y justa.