Los subsidios son uno de los principales renglones de gasto en el presupuesto colombiano. Por ello se deben revisar periódicamente para asegurar que son útiles y que efectivamente están llegando a quienes lo necesitan.

Hay muchos subsidios que se desperdician; su focalización es ineficiente; y a menudo terminan en manos de quienes no los merecen, o que los necesitan menos que otros.

Por eso es interesante lo que se va a emprender con el montaje del registro universal de ingresos (RUI), figura que creó el plan de desarrollo y cuya reglamentación se inicia próximamente bajo la dirección del Departamento Nacional de Planeación.

El reto es inmenso: se trata de sustituir el viejo e ineficiente sistema de los “estratos socio económicos” que se viene utilizando desde hace décadas como criterio para distribuir los subsidios por otra base de datos que se supone más eficiente pues que en vez de medir las condiciones físicas de las viviendas de los potenciales beneficiarios medirá sus ingresos para repartir mejor los subsidios. Para que así se puedan focalizar los subsidios de manera más técnica privilegiando realmente a quienes de acuerdo con esta nueva medición resulten los más vulnerables o pobres.

Montar esta nueva base de datos que es bueno decirlo: no está diseñada con propósitos fiscales es un reto no solo técnico sino comunicacional. Quienes hagan el diseño del sistema deben cuidarse mucho de no dar el mensaje de que es para cobrar más impuestos lo que estropearía la confianza ciudadana en el nuevo sistema.

Su puesta en marcha requerirá tiempo y un enorme instrumental técnico por parte del departamento de planeación y del Dane para que las cosas salgan bien. Para que se logre calibrar los ingresos que perciben todos los colombianos y para que de acuerdo con la nueva metodología se pueda prescindir de la tradicional medición por estratos en la asignación de subsidios.

Hay subsidios protuberantemente ineficientes y regresivos como los que entrañan los precios subsidiados de los combustibles, puesto que la mayoría de los usuarios de vehículos (sobre todo tratándose de aquellos a motor de gasolina) los poseen personas con alta capacidad de pago.

Haber eliminado el subsidio a la gasolina durante este gobierno -lo que sin duda requirió coraje político- y para que partir de ahora que el precio doméstico empiece a fluctuar con las cotizaciones de paridad internacionales- es un gran logro.

Montar el registro universal de ingresos (RUI) si lo logra hacer bien el gobierno Petro en los próximos dos años, tiempo que toma su montaje, y haber eliminado el subsidio a los precios de la gasolina hasta llevarlo al punto en que pueda flotar de manera acorde con las cotizaciones internacionales, al alza o a la baja serán sin duda dos logros inobjetables de la actual administración.

Hay por el contrario subsidios otorgados con precipitud cuyo costo resulta enorme para el fisco y que no terminaron cumpliendo ningún propósito redistributivo o de equidad. El más reciente caso lo podemos ver en la congelación de los peajes que se decretó a comienzos del 2023. Su costo resultó enorme: cerca de un billón de pesos. No logró hacerle ni cosquillas a la inflación del último año. Y lo que es más grave: como no se pueden dejar congelados indefinidamente pues comprometerían el equilibrio financiero de los concesionarios que debe respetarse, ahora se vienen dos alzas en tanda: una del 13,12% correspondiente al ajuste que no se hizo oportunamente en 2023, y otra en el primer trimestre del 2024 que cubrirá el ajuste debido para el año en curso por un monto que rondará el 10%.

O sea, en las próximas semanas los peajes se reajustarán en cerca del 23%.  Cosa que nadie agradecerá, sino que por el contrario será rechazada estruendosamente. Es un buen ejemplo de un subsidio mal definido y peor manejado.