Preocupa la situación que se vive en la hermana República de Perú, y que, desde luego, no dista mucho de lo que puede ocurrir en otros países de la región, por falta de claridad o mala interpretación del ordenamiento jurídico. Las atribuciones tanto del Presidente como del Congreso del Perú, sin duda son demasiado amplias y vagas, dando pie a la posibilidad de que el legislativo pueda válidamente destituir al Presidente, así como este último, cumplidos ciertos rigores, está facultado para disolver el parlamento.

En efecto, de conformidad con la Constitución Política peruana, el Congreso puede, entre otras razones, declarar la vacancia del presidente de la República, por: “su permanente incapacidad moral o física”, lo que, sin lugar a dudas, admite por lo menos preliminarmente, una valoración subjetiva por parte del órgano político. La “incapacidad moral” supone un juicio de valor complejo de medir, que tiene tanto de largo como de ancho, y que permite con nimiedades, llegar a la conclusión de apartar del cargo a un Jefe de Estado.

Por su parte el presidente de la República, a través de una figura conocida como la “cuestión de confianza”, está facultado para disolver el Congreso, cuando este ha censurado o negado su confianza, a dos Consejos de Ministros. En otras palabras, cuando se atribuye responsabilidad política al gabinete. Como puede verse, se trata de dos competencias muy poderosas que la Constitución otorga, y que se convierten en herramientas muy tentadoras cuando de destruir al opositor político se trata. Las permanentes tensiones entre ambos poderes, y el irresponsable uso de esta figura jurídica suscitaron que, en los últimos cuatro años, hayan pasado por la primera magistratura del Perú, seis presidentes.  

Hace varios meses, el legislativo venía promoviendo la vacancia del primer mandatario -no solamente por incapacidad moral, sino también, por hechos de corrupción que investiga el poder judicial- hasta que se lograron las mayorías necesarias que advirtieron a Castillo de su inminente salida. Por su parte el Presidente, en una actitud torpe y antijurídica, declaró horas antes la disolución del Congreso, sin cumplir el procedimiento de la “cuestión de confianza” y generando el caos político que hoy vive el Perú y que, por supuesto, es fruto del irresponsable manejo político del país.

En el fondo de toda esta situación se encuentra la crisis del presidencialismo latinoamericano que desde hace varios años se viene advirtiendo, y que, definitivamente, es una pésima copia del modelo estadounidense. Bajo este sistema, es fácil que una crisis del Gobierno termine arrastrando a todo un Estado, sin que exista respuesta óptima por parte de los partidos políticos, dado la alta polarización y la fragmentación por la que atraviesan en todo el continente.

Lo ocurrido en el vecino país debe servir para entender en Colombia, que se hace necesario llevar a cabo acuerdos sociales interpartidistas, que permitan procurar las grandes reformas que requiere la patria, con respeto por el estado de derecho y fortaleciendo cada vez más al poder judicial. Del mismo modo, es de suma importancia para la estabilidad de la Nación, moderar esa práctica histórica en el Congreso, de pretender modificar permanentemente la Constitución Política, o, peor aún, pretender refundar el Estado. Evitar la aprobación de farragosas normas de última hora, sin rigor ni técnica legislativa, que terminan generando desestabilización y rompiendo el equilibrio de poderes públicos.

 Lo de Perú es un campanazo que debe alertar a toda Latinoamérica…