Una modalidad muy "popular" de otorgar crédito es tramitar una libranza y cobrársela a los jubilados con cargo a su pensión.
Lo inconcebible es que siendo la utilidad proporcional al riesgo una norma universal, en este caso es a la inversa, pues en la cuota mensual se les cobra además del alto margen de rentabilidad que el banco percibe por la operación, los gastos de administración y el valor de la póliza de seguro a favor del mismo banco. 
Lo más aberrante es cuando la entidad financiera decide unilateralmente ampliar el monto del crédito al indefenso jubilado.
Sucede que la mayor parte de los gastos administrativos por el tiempo otorgado los cargan a las primeras cuotas, pero cada vez que le amplíen el cupo vuelve a comenzar; o sea, que vuelve y se los cobran.
Y como si fuera poco, le exigen al cliente firmar pagarés en blanco.
El banco supuestamente acosa, constriñe y al parecer obliga a sus clientes, ancianos todos, casi por la fuerza, a reprogramar su obligación sobre la ya existente, volviéndose este un asunto de nunca acabar.  
Existen  empleados llamados de "fidelización", encargados de esa tarea.
Cuando un cliente quiere saldar su deuda, tratan de hacerlo diligenciar nuevamente un formulario de ampliación, por una suma que muchas veces ni está solicitando.
El calvario comienza al ir al banco a hablar con la gerencia para cancelar el crédito y ésta lo remite a uno de esos empleados de "fidelización".
Generalmente son muchachas inflexibles y tercas que se valen del argumento de estar obedeciendo 'políticas del banco", quienes inician su  antipático y asfixiante interrogatorio con la absurda pregunta de: "oiga señor y ¿usted por qué va pagar?; ¿de dónde sacó la plata? " y otra serie de estupideces que terminan por sobresaltar al más paciente de todos los clientes.
Pero lo absurdo y que amerita por lo menos  una investigación del Defensor del Cliente , y de una sanción de la Superintendencia  Financiera, es el caso de quienes no soportan esa injusta  intimidación y acoso, y se quejan airadamente sintiéndose atrapados, casi secuestrados por el banco; porque inmediatamente el empleado que los atiende, sin mediar consulta con su superior inmediato, llama a la policía, convirtiéndose todo esto en un evidente y claro abuso de poder, en un atropello e irrespeto contra el jubilado, cuando se supone los agentes del orden están para actuar ante un delincuente que va a robar y no ante una persona decente  que vaya a pagar. He ahí la paradoja.
Así es, como para "atender" a personas de la tercera edad, se mantiene una nómina antipática e irreverente, cuyo oficio consiste en "renovar" los créditos y obligar a estos pobres ancianos a  tener que volver a comenzar una y otra vez, inclusive contra su voluntad.
Para no hablar de la sorpresa después de haber acordado una baja tasa de interés, y se la reajustan sin derecho a reclamar por haber firmado los pagarés en blanco.