Patadas de ahogado
Colombia obtuvo un fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia, aunque el excanciller Londoño Paredes diga que debemos regocijarnos de que Nicaragua no se quedó con los islotes y que la línea divisoria no se estableció al oriente de San Andrés o que el senador Roy Barreras piense lo mismo. Cuando creíamos que todas nuestras peticiones serían aceptadas sufrimos la decepción del fallo el lunes pasado pues si bien la soberanía colombiana sobre los cayos fue confirmada, en la delimitación marítima perdimos un 11% del área sobre la que ejercíamos dominio desde mucho antes de 1928, con su potencial en hidrocarburos y pesca. El Gobierno ha tachado la decisión de “aberrante” e “injusta” y anunció la interposición de recursos. ¿Cuáles? Pedir una “aclaración” del fallo no implica que este pueda variar y solicitar su “revisión” tiene las mismas posibilidades de éxito que pedir a un tribunal una “reposición” de una sentencia, es decir, que los mismos jueces reconozcan que se equivocaron y cambien su decisión.
El presidente Santos se fue a San Andrés y después de decir que la Corte incurrió “en serias equivocaciones” y que en el fallo se cometieron “omisiones, errores, excesos, inconsistencia, que no podemos aceptar” llamó a la “unidad nacional” y a la “concurrencia de todos los poderes públicos” para defender los derechos del país. Anunció también que pediría la declaratoria de emergencia económica para el archipiélago. ¿Con que objeto? No sabemos que significa aquello de una Emergencia Económica para “rediseñar un mejor futuro” para los isleños. Ya nos dejarán conocer los fundamentos para adoptar esta medida, que deberá ir más allá del patrioterismo para evitar que la Corte Constitucional la declare inexequible. La Ministra de Relaciones dice que “la resignación aquí no cabe, vamos a defender la soberanía y el derecho de los isleños” y añadió que el Gobierno considera denunciar el Pacto de Bogotá mediante el cual Colombia adhirió al sistema de justicia internacional. Además de que retirarnos del Pacto no anularía el fallo de marras el que seguirá vigente, sería un error garrafal y nos aislaría del sistema jurídico internacional. No tiene presentación alguna retirarnos porque una decisión de la Corte nos fue adversa y Colombia perdería su tradición de país respetuoso del derecho internacional. Con tal decisión, mejor dicho, con tal barrabasada, los únicos que ganarían serían Daniel Ortega, Chávez y la guerrilla.
Cuando el presidente Santos dijo que “el Gobierno respeta el derecho pero considera que la Corte ha incurrido en este tema en serias equivocaciones” reconoce, como debe hacerlo, que no hay nada que hacer y que todas las protestas del gobierno no son más que patadas de ahogado. El expresidente Belisario Betancur con toda la razón solicitó en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores acatar la decisión de la Corte Internacional invocando la tradición colombiana de respeto al derecho.