EL MINISTERIO TIC revocó en las últimas horas una millonaria licitación para conectar con internet a 3.000 escuelas rurales, tras las advertencias de la Procuraduría por la aparente irregularidad técnica que, dijo, se habría producido cuando hicieron modificaciones en los pliegos definitivos, días antes de que se dilucidara quién de los 13 oferentes se quedaba con el contrato por $407.000 millones. No es la primera vez que el Gobierno tiene inconvenientes de este tipo, pues declaró desierta la licitación de pasaportes y la DIAN suspendió la entrega del contrato de chatarrización, entre otras.
- Ministerio TIC: internet en escuelas
La cartera TIC, a cargo de Mauricio Lizcano, explicó que “luego de un riguroso análisis”, en el que se confirmó que las diferentes etapas de la licitación para el desarrollo del proyecto ‘Escuelas Potencia Digital’ cumplieron con todas las condiciones de transparencia, rigurosidad y cuidado de los bienes públicos, además de atender los principios de la contratación estatal, el “Ministerio TIC tomó la decisión de revocar, de manera unilateral, el acto de apertura de este proceso, para dar más garantías”.
Añadió que “esta determinación acoge las observaciones de la Procuraduría General de la Nación, que llaman la atención hacia una situación que puede no ser conforme al interés público o social, debido a diferentes interpretaciones jurídicas del proceso”.
El Ministerio TIC anunció que aproximadamente en un mes abrirá de nuevo la licitación para materializar la iniciativa ‘Escuelas Potencia Digital’.
- Cancillería: pasaportes
La licitación que ha sido más polémica en este Gobierno es la que se hizo para la fabricación y entrega de pasaportes por $600.000 millones, que tras suspenderse en tres oportunidades por observaciones de la Procuraduría por selección objetiva y libre concurrencia en la participación de los oferentes, finalmente la declaró desierta en septiembre del 2023 el entonces canciller Álvaro Leyva.
La Cancillería anunció hace meses una nueva licitación; sin embargo, a la fecha no le ha dado apertura. En tanto que la fabricación de los pasaportes se hace en este momento por un contrato que se suscribió al amparo de una urgencia manifiesta que declaró el Ministerio.
También por las irregularidades que se habrían presentado al declararse desierta esta licitación, fue suspendido el entonces canciller Leyva, quien renunció hace unos meses al cargo y hoy afronta juicio disciplinario en la Procuraduría. Además, la firma Thomas Greg & Sons, que tenía este contrato y participaba en dicha licitación, demandó al Estado por $117.000 millones.
- Adres: verificar pagos a IPS
A finales del año anterior, la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) suspendió la licitación para la interventoría para validar los pagos de reclamaciones a las IPS, luego de que la Procuraduría detectó irregularidades en el proceso de selección.
Para la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, la entidad no tuvo en cuenta, dentro del proceso, los factores de ponderación y verificación del ofrecimiento económico. También se hallaron inconsistencias en la publicación de documentos en la plataforma de Secop y falta de claridad en la información de empresas oferentes.
La Adres no ha reabierto hasta el momento dicha licitación.
- Uspec: brazaletes electrónicos
Cuatro días antes de finalizar el año anterior, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) adjudicó el contrato de brazaletes electrónicos a la Unión Temporal ‘Efectiva’, por $94.000 millones.
La entidad emplea estos artefactos para vigilar que más de 5.000 personas que están privadas de la libertad, con el beneficio de casa por cárcel, cumplan con la medida.
La adjudicación de este contrato se hizo a pesar de que días antes la Procuraduría advirtió de situaciones que podrían contrariar los principios de la contratación estatal, como el cambio de criterios para ítems que ya estaban definidos.
Una adenda en los pliegos del contrato modificó las condiciones con respecto al incentivo a la industria nacional y la asignación de puntajes con el propósito, según denuncias, para favorecer a una de las empresas participantes.
La Procuraduría indicó entonces que “no existe por parte de la Uspec justificación de carácter técnico o de otra naturaleza, que sustenten de manera suficiente la decisión de modificar el criterio para la asignación de puntaje, ya que la entidad no define si los productos registrados en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) cumplen con las características establecidas en la ficha técnica, especialmente en cuanto al dispositivo físico”.
- DIAN: Chatarrización
La DIAN suspendió en septiembre del año anterior la licitación para adjudicar el proceso de chatarrización de sus mercancías y bienes, atendiendo observaciones de la Procuraduría.
Para el Ministerio Público, la DIAN no especificó claramente los requisitos para la selección, omitiendo exigir las autorizaciones previas de habilitación y los permisos ambientales que debe tener la empresa para encargarse de la desintegración del parque automotor y las mercancías de la entidad contratante.
La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública advirtió que, al parecer, la DIAN habría hecho modificaciones en las reglas de pliegos afectando el deber de selección objetiva al omitir requisitos habilitantes necesarios para la comparación de las ofertas y para garantizar la correcta ejecución del contrato.
A la fecha esta licitación no ha sido reabierta.
- SENA: Plataforma virtual
Después de que el 21 de diciembre del 2023 la Procuraduría informara que el SENA había desacatado sus observaciones y seguido con la licitación para contratar servicios de una plataforma virtual de aprendizaje Learning, la entidad de formación para el trabajo decidió suspender este proceso el 3 de enero por más de $78.000 millones.
El ente de control hizo reparos a la exigencia de la entidad sobre certificaciones ISO, las cuales se encuentran expresamente prohibidas por el Estatuto de la Contratación Pública que podrían vulnerar los principios de libre concurrencia y participación, cercenando así la posibilidad de recibir mejores ofertas para cumplir con el objeto contractual.
Preocupa también al Ministerio Público que el SENA, en sus pliegos, haya eliminado de los requisitos la lista de funcionalidades, lo que podría desencadenar en falta de garantías de un verdadero cumplimiento de las obligaciones.
Hasta la fecha el SENA no ha activado nuevamente esta licitación con los ajustes que pide el Ministerio Público.
- Migración Colombia: cédulas de extranjería
A principios de este mes la Procuraduría General de la Nación abrió investigación al director de Migración Colombia, Carlos García Manosalva, y el exgerente general (e) de la Imprenta Nacional, Andrés Chaves Fernández (2023), por presuntas irregularidades en el contrato firmado para la impresión de cédulas de extranjería, trabajo en el que se comprometieron recursos por un total de $6.600 millones.
El órgano de control investiga una aparente falta de idoneidad de la Imprenta Nacional para ejecutar los trabajos, lo que derivó en una subcontratación de la totalidad de los servicios requeridos, que contemplaban la impresión de las cédulas de extranjería, así como los insumos, la elaboración de la tarjeta, la personalización y entrega del documento final a Migración Colombia.
Vale señalar que, en septiembre del año pasado, Migración Colombia canceló dicha licitación atendiendo el reclamo de los proponentes porque el plazo definido para que el futuro contratista realice la implementación para la producción y personalización de cédulas de extranjería es insuficiente.