Nuestras cárceles

Recientemente hemos vuelto a ver en la prensa las fotos de cómo están hacinados los reclusos en nuestros establecimientos carcelarios y nos extrañamos de cómo no hay una protesta generalizada al respecto, siendo notorio el silencio de las grandes ONG, Human Rights Watch, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y otras. Las cárceles colombianas son un baldón para un país que se precia de adherir a las normas internacionales de derechos humanos. Las condiciones de nuestras cárceles son aterradoras. En ellas la regla es el hacinamiento, las humillaciones, la violencia, la extorsión (no solo de reclusos). Son, ante todo, escuelas del crimen y antros de degradación. En casi todas las cárceles del país los internos están hacinados como animales, sí, como animales. Las fotos nos muestran cómo viven y duermen, en un ambiente propicio a todas las enfermedades, sin el menor respeto por la dignidad humana, sujetos a la violencia de las bandas que se forman y a la corrupción que impera. Si el preso tiene dinero, a lo mejor puede comprar hasta una celda y también protección física, lo mismo que “lujos” como teléfonos celulares, licores o droga y pueden, incluso, manejar desde allí sus “negocios” de extorsiones, drogas, etc., son verdaderas universidades del delito. 

Creo que todos los ministros de Justicia han prometido dar solución al problema pero esta parece eludirlos y si bien se construyen algunos nuevos sitios de detención, estos son insuficientes, especialmente cuando la población carcelaria se incrementa, tanto por razones demográficas, como por una acción más efectiva de la policía. Fundamentalmente la falta de una solución está en la insuficiencia de los recursos destinados a este problema porque las prioridades políticas están en otro lado, especialmente en la “mermelada”. Sí, tenemos muchas necesidades, por ejemplo, vías de comunicación, salud y educación, pero el respeto de los derechos humanos de la población carcelaria debería ser una de las grandes prioridades. Dentro de los estrechos márgenes que permite la economía de un país subdesarrollado, debería ser prioritario incluir en el presupuesto nacional las partidas para hacer de nuestro sistema penitenciario, si bien, no un modelo para el resto del mundo, al menos uno donde se respeta la condición humana y se pueda cumplir, aunque sea parcialmente, la regeneración de los condenados. Obviamente que no se trata solo de construir nuevos establecimientos carcelarios. Hay que dotarlos de la correspondiente administración profesional y honesta. En muchos casos los reclusos siguen manejando sus empresas criminales desde las prisiones, no solo con toda clase de facilidades de comunicación sino con “visitas” permanentes indiscriminadas Desde 1998 la Corte Constitucional, mediante un fallo de tutela, había dado al ejecutivo un plazo de cuatro años para garantizar a los reclusos condiciones de vida dignas. Diez y seis años después el problema sigue, tal vez peor.