Para resolver el problema de los millones de desplazados que quedaron en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas auspició la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que entró en vigor en 1954. Un Protocolo adicional entró en vigor en 1967. Colombia es parte en ambos instrumentos.

Según el artículo 1 de esa Convención se llama “refugiado a toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.”

La Convención ordena  que, “a reserva de las disposiciones más favorables (…) todo Estado Contratante otorgará a los refugiados el mismo trato que otorgue a los extranjeros en general”. Los Estados se obligan a otorgarles un documento de identidad y, cuando lo requieran, un pasaporte. No pueden ser deportados a sus países de origen. Esa Convención es la que los Estados europeos, aunque algunos con reticencia, han aplicado a los cientos de miles de refugiados que huyen de los conflictos en sus países. Colombia la violó hace algún tiempo cuando deportó a Venezuela a dos estudiantes que hoy se pudren en una cárcel que llaman “la tumba”.

Usted está cómodamente sentado leyendo este artículo. Pero en Turbo hay más de 1.300 cubanos (300 niños y más de diez embarazadas)  viviendo en condiciones infrahumanas, con solo cuatro sanitarios para esa multitud, comiendo una sola vez al día y durmiendo en camastros o en el suelo con solo un cartón como colchón. Sobreviven gracias a la generosidad  de los locales y de la alcaldía del municipio. Fueron expulsados a bastonazos del Ecuador por Correa. Quieren seguir su viaje por Centroamérica hacia los Estados Unidos en busca de una mejor vida. No pueden regresar a Cuba porque terminarían encarcelados por el régimen de los Castro.

El Gobierno y la prensa los llaman “inmigrantes ilegales” pero son refugiados. No han recibido ninguna atención del gobierno departamental ni del central, cuyas autoridades de Migración amenazan con deportarlos  porque ayudarlos aquí puede ser visto con malos ojos por los Castro. Migración no conoce la Convención y si la conoce la ignora deliberadamente. Hasta ahora solamente la Defensoría del Pueblo ha ido a mirar qué pasa.

Si no por razones jurídicas, que en Colombia valen poco, por razones humanitarias se debe poner atención a este problema. Pero ¿qué podemos esperar cuando algunos colombianos expulsados de Venezuela aún esperan que el Gobierno los ayude?

También es un llamado para que ONG, que hacen tanta alharaca por las cosas más nimias, y la Iglesia se pongan las pilas.

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Coda: En este problema actúan mafias dedicadas al tráfico de personas. Era de esperarse en este país corrupto hasta las cachas. Tema para el Fiscal que acaba de posesionarse, al que deseamos buen viento y buena mar.