Salud sexual

Mucho revuelo ha causado la polémica por una sentencia de tutela de la Corte Constitucional que obligó al Procurador-candidato a retractarse de algunas de sus posiciones oficiales frente a la despenalización del aborto en los tres casos en los que la Corte así lo determinó: malformación, peligro de la vida de la madre y violación.

Con discreción algunos han empezado a alzar su voz defendiendo que se reabra el debate en torno de que el aborto sea legal en el país.

Desde esta columna he defendido el derecho que cada mujer tiene sobre su cuerpo. A pesar de que mi posición al respecto ha cambiado con el pasar de los años, sigo convencida de que cuando un nuevo ser va a llegar al mundo se merece ser recibido por una madre que lo añora y un padre que está dispuesto a hacerse cargo de él.

En este sentido, cuando las condiciones no están dadas, muchas mujeres recurren a procedimientos que ponen en riesgo sus propias vidas. Desde 2004, cuando empecé a escribir en estas páginas, las cifras que se manejaban eran de cuatrocientos mil abortos ilegales al año y a este procedimiento como generador de la tercera causa de muerte en las mujeres en el país. Ante estas cifras, en ese entonces, defendí la idea de que el problema era un asunto de salud pública. Mujeres lisiadas, hijos huérfanos, infecciones recurrentes, son costosas en términos fiscales y la situación se agrava en la zonas rurales en donde el cuerpo de la mujer se convierte en un trofeo de guerra. En los campos colombianos las mujeres han sufrido el odio entre guerrillos, paracos y soldados en sus propios vientres, con el agravante adicional de un sistema inexistente de salud sexual y reproductiva que les permita tener acceso a información, métodos anticonceptivos y tratamientos médicos dignos en sus regiones.

Puede tener razón el Procurador cuando afirma que el Misoprostol tiene efectos secundarios y negativos sobre el cuerpo de la mujer. Pero, ¿qué abortivo no podría tenerlo? Abortar es contra la naturaleza femenina. Y, sin embargo, es preferible un método legal y controlado a uno poco convencional.

Pero lo que es absolutamente inadecuado e irresponsable es que además de que en el país no existe una política sexual y reproductiva seria, desde las entidades estatales como en este caso la Procuraduría, se promueva un oscurantismo alimentado por creencias religiosas que por más que merezcan todo el respeto, éstas bajo ninguna circunstancia tienen el derecho de obstaculizar el desarrollo de mejores condiciones de salud para las colombianas.