No solo vacaciones
A raíz de la situación de los últimos días en la Corte Internacional respecto al litigio con Nicaragua sobre el territorio marítimo del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha resurgido momentáneo interés por las islas caribeñas. Obviamente rechazamos por improcedente la aspiración de Nicaragua que ha pretendido desconocer el derecho que ampara a Colombia en su soberanía no solo desde el Tratado Esguerra Bárcenas de 1938-30 sino por ser heredero de los títulos del Virreinato de la Nueva Granada sobre el Archipiélago. Cualquier decisión salomónica para “que todo el mundo salga con algo en las manos” es totalmente contra jure y para Colombia ni siquiera puede considerarse.
Es innegable el abandono del Gobierno central durante casi toda la historia de este territorio insular. El llamado mar de los siete colores se empalidece cada vez más a raíz de los embates del narcotráfico; inseguridad ciudadana por la delincuencia común; la migración y natalidad descontrolada; administraciones corruptas e ineficientes; un turismo depredador; la destrucción progresiva de su fauna y flora; la marginalidad de los jóvenes carentes de oportunidades; altos niveles de informalidad entre otros, son parte de los problemas por los que atraviesa este paraíso tropical.
Somos privilegiados por sumar a nuestras riquezas las de un archipiélago declarado por la Unesco como la reserva natural Sea Flower, así como la cultura de un pueblo con raíces antillanas, angloparlante y rico en tradición, pero no hemos sido capaces de valorarlo como debemos. Un turismo que poco o nada tiene que ver con el turismo ecológico y sofisticado que visita islas como Aruba, Curazao, Saint Marteen, Bahamas y Gran Caimán. Hoteles “todo incluido” son una opción para parte de nuestros ciudadanos que tienen una limitada capacidad económica, pero cosa diferente es que la isla haya pasado a ser casi 100% turismo todo incluido tan negativo o peor para el desarrollo y trabajo de los isleños que el famoso Plan 25 de hace 20 años o más.
La falta de infraestructura va desde la ausencia de una malla vial óptima y un muelle idóneo para el atraque de cruceros a la ausencia de obras proyectadas hace años de recuperación con arena basado en iglús en concreto, sumergidos 500 metros mar adentro, que permitan crear de nuevo las playas que el mar se esta comiendo. La falta de una infraestructura apta para atender un turismo de primer nivel; un hospital que a pesar de estar recién construido luego de casi tres años no cuenta con mantenimiento de equipos, dotación básica, ni personal adecuado; la peatonal del Gobierno Uribe que tantos beneficios trajo y hoy empieza a dar señales de deterioro; un sistema de generación de energía de altísimo costo y la ausencia de proyectos de desarrollo empresarial como el outlet propuesto en la Administración Pastrana para generar un comercio de productos nacionales y extranjeros de calidad.
Urge al Estado en su conjunto y a la ciudadanía empezando por los caleños que han colonizado a San Andrés desde siempre, hacer el rescate de un territorio que debe ser de orgullo y prioridad de todos los colombianos por su riqueza natural, cultural y por su fragilidad.
La defensa de San Andrés y el Archipiélago es mucho más que jurídica y no admite más actitudes dubitativas. Diseñar un Plan de Desarrollo de largo plazo para lo cual, además de apoyar a la actual gobernadora, el Gobierno Nacional debería solicitar facultades extraordinarias por un término de 6 meses para hacer una revisión a fondo de las normas para el desarrollo e institucionalidad del Archipiélago. La Dra. Ma Lorena Gutiérrez, que acaba de hacer la reforma de la administración Santos, sería una excelente madrina para San Andrés.