Por una ‘verdadera libertad’ económica

Colombia atraviesa por una interesante dinámica que revela uno de los principios fundamentales bajo los cuales está sentado el discurso del Gobierno nacional, el de la libertad económica. Así, la Administración Santos está cumpliendo una variada agenda internacional que conlleva a poner en mesa de estudio distintos tratados de libre comercio aprovechando el contexto globalizante de las redes productivas actuales.

Precisamente, la Heritage Foundation junto al Wall Street Journal recientemente publicaron el Índice de Libertad Económica 2012, estudio que presenta un ranking de 184 países de acuerdo con información recogida y compilada en cuatro pilares: (i) Reglas de Juego; (ii) Libertad Gubernamental; (iii) Eficiencia en la Regulación, y (iv) Apertura de Mercados.

Bajo ese reporte, Colombia se ubica en el puesto 45 de manera global y en la posición 8 en la región, situado en el grupo Casi Libre (Mostly Free), superado por vecinos comerciales como Chile y Perú, pero anteponiéndose a países como Argentina, Venezuela y Brasil.

Si partimos del supuesto que con más libertad económica se consiguen mayores tasas de crecimiento y reducción de la pobreza, Colombia podría ser llevada por una senda de libre mercado, con marcos regulatorios exiguos y sin ningún obstáculo para el flujo de diferentes capitales.

Sin embargo, experiencias pasadas han demostrado que un marco de desregulaciones solo alcanza su potencial si el país consolida primero una base productiva sólida, eficiente y ambientalmente sostenible. Y como puede leerse en el estudio, Colombia concentra su potencial exportador en productos minero-energéticos y bienes tradicionales, flores y café, consiguiendo que su aparato productivo corresponda a la volátil coyuntura internacional y, a su vez, permanezca estancada en bienes que fueron fundamentales para la época de la Colonia.

Al parecer, los TLC son factores claves para posicionar a Colombia en puestos más altos apuntando a una mayor libertad comercial, pero aquel discurso pro-libertades que busca equiparar a Colombia con países desarrollados o economías emergentes con PIB y crecimiento más elevados que los nuestros, no ha tenido en cuenta las diferencias e inequidades internas: los obstáculos regionales y municipales, y la segregación dentro de las ciudades principales.

Si queremos un país donde la libertad económica sea la herencia para las generaciones siguientes, bien podríamos acoplarnos a un esquema de libre comercio sin mayores incentivos para el logro de una robusta estructura productiva y a actividades dedicadas, en su gran mayoría, al sector primario con bajo valor agregado, para ser exportadas sin ningún proceso de transformación adicional.

Por el contrario, debemos encaminar a la Nación hacia un desarrollo próspero, sostenible e incluyente, al mejorar sus procesos regulatorios hacia la ejecución de prácticas eficientes con la cooperación público-privada: i) gasto público direccionado a inversiones de alto valor productivo; ii) empresarios que trasladen capitales, con esquemas de fácil movimiento, hacia sectores de alta competitividad, donde la industria sea el sector que impulse el crecimiento y una importante fuente generadora de empleo, y iii) la reinversión de beneficios a redes de producción con mayor conocimiento incorporado, aprovechando los niveles de consumo más diversificados de bienes tecnológicos, nacionales como extranjeros.

Así, los resultados del índice de libertad económica son útiles en la mediada que ayudan a evaluar e identificar fallos que rezagan al país en niveles jurídicos -burocracia-, políticos -corrupción-, y económicos -prácticas no competitivas ni sostenibles-, y es igualmente útil si ayuda a consolidar medidas para el goce efectivo de derechos, como el de la libertad, engranaje esencial en los actuales diálogos de paz.

*Vocera de la Coalición para la Promoción de  la Industria Colombiana