Diálogos, víctimas y desarrollo

Los colombianos estamos cansados de más de medio siglo de violencia y de sus trágicas consecuencias y anhelamos la paz. Aprovechando el deseo de un país sin guerra, las conversaciones adelantadas por el Gobierno y las Farc se han vendido al país y a la comunidad internacional como la mejor oportunidad de avanzar hacia el fin del conflicto armado. Pero varios tenemos dudas sobre el camino y  la oportunidad escogidos.

Hace algunos días, el instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (Iecah)  informó que la situación humanitaria no ha mejorado durante las conversaciones, como consecuencia de dialogar en medio del conflicto. A esto se suma que la atención nacional e internacional se ha centrado en el seguimiento de los diálogos y la posibilidad de llegar a un acuerdo, dejando invisibilizadas las problemáticas humanitarias, aumentando el olvido de las víctimas y las poblaciones vulnerables, lo que además se ha visto reflejado en la disminución de recursos para fines humanitarios que recibe Colombia de organizaciones internacionales.

No podemos tener una actitud ingenua sobre la verdadera voluntad de poner fin al conflicto por parte de las Farc, cuando después de casi 3 años de conversaciones con este Gobierno no han manifestado ningún compromiso con asuntos humanitarios elementales como no reclutar niños, no usar mujeres como armas de guerra, entregar mapas de campos minados para iniciar cuanto antes un proceso de desminado en el país, dejar definitivamente de cometer secuestros y devolver los secustrados en su poder.

El tema de las víctimas del conflicto es quizá uno de los más complejos. Aproximadamente 5,5 millones de colombianos han sufrido los vejámenes de la guerra y tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. En ningún caso puede haber impunidad ni olvido de los crímenes cometidos por los grupos armados, y para esto es fundamental una institucionalidad fuerte. Sin embargo , no es aceptable que so pretexto del “acuerdo de paz en La Habana", se olvide el Gobierno de sus deberes elementales con las condiciones de vida de grupos de la poblacion que permanecen en el anonimato y la indiferencia oficial porque no secuestran, ni extorsionan.

Las protestas de Catatumbo y de los arroceros, cafeteros, cacaoteros, paperos y las que anuncian los lecheros y ganaderos revelan vacíos evidentes en la politica de desarrollo rural y agricola. Independientemente de que se llegue o no a un acuerdo final con las Farc, el Estado tiene la responsabilidad de trazar un programa que impulse las zonas rurales generando desarrollo agropecuario y agroindustrial que brinde empleos y de esta manera el acceso a una vida digna a los campesinos .

Y no podemos confiarnos en que lo urbano está mejor que lo rural. Los sectores abandonados a su suerte en las zonas urbanas aún no cierran carreteras, ni incendian tractomulas, pero están inconformes con la pérdida de ingresos, empleos y oportunidades. En los últimos años he insistido sin éxito en la urgencia de una política industrial competitiva e innovadora de nueva generación que cree  empleos, exportaciones y crecimiento en Colombia.

El desconcierto y malestar de los trabajadores de industrias que reducen su nómina y cierran su producción es creciente pero lamentablemente es previsible que mientras no hagan paros, cierren vías y generen desorden ya no en las zonas rurales sino en las ciudades, no van a ser tenidos en cuenta como prioridad por el Gobierno Santos.

Son evidentes los esfuerzos de trabajadores y dueños de muchas pymes por aumentar su competitividad frente a los productos importados, tal como sucede con los fabricantes de zapatos en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta e Ibagué que a pesar del contrabando y el aumento de importaciones legales gracias a la disminución de aranceles a comienzos de este  gobierno, tratan sin apoyo oficial de aumentar su productividad para mantener los puestos de trabajo de muchas personas de la tercera edad sin derecho a pensión y sin poder político para tramitar subsidios.