EN LOS últimos meses se han conocido varios casos de agresiones sexuales de personas de cargos superiores (maestros, instructores, jefes, etcétera.), que aprovechan ese poder para coaccionar a sus víctimas, que son de menor cargo o son subordinados.

Entre los acontecimientos registrados en el último mes, destacan algunos dados a conocer por la Procuraduría General de la Nación.

El órgano de control profirió un pliego de cargos contra el instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en la Regional Distrito Capital, Julio Enrique Ortiz Angulo, por presunto acoso sexual a tres instructoras y tres aprendices de la misma entidad. El funcionario fue denunciado por las seis mujeres miembro del SENA por, presuntamente, hacer propuestas inadecuadas de contenido sexual.

En otra situación, el Ministerio Público abrió investigación disciplinaria en contra del rector de la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro La Montañita Caquetá, Arbey Maje, por presunto acoso a una docente del mismo centro educativo. La decisión también cobija a Jaqueline Ortiz, en su condición de secretaria de Educación Departamental.

De acuerdo con el órgano de control, la conducta de acoso habría iniciado con palabras insinuantes y frases descalificadoras, y habrían continuado con presuntos comportamientos constitutivos de acoso sexual mediante el uso de la fuerza en contra de la profesora y conductas de depravación realizadas al interior de la residencia de esta.

En otro caso, el órgano de control ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el docente de la Institución Educativa Normal Superior San José Pácora, Caldas, Wilton Holguín Rotavista, por presuntamente acosar sexualmente a varias menores de edad.

De conformidad con cifras del Ministerio de Defensa, los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, en lo corrido del año se han registrado 14.978 situaciones; es decir, un incremento del 17% respecto al mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 12.792 entre enero y junio.

No hay menos delito

Ante esta situación, EL NUEVO SIGLO consultó a varios expertos para analizar la situación desde distintas disciplinas, y les preguntó: ¿por qué si en Colombia se ha agravado la legislación y se han disminuido los beneficios penales y penitenciarios a los agresores sexuales, los delitos de esta categoría vienen aumentando?

Beatriz Suárez, docente de Derecho de la Universidad Jorge Tadeo Lozano señaló a este Diario que la respuesta a esta pregunta “es muy compleja, pues intervienen diversos aspectos cuando se habla del aumento de las cifras. En ese sentido, el hecho de que existan más denuncias y condenas no es indicativo, al menos no de manera automática, de que se estén cometiendo más estos delitos. Por ejemplo, en Colombia no solo se han venido endureciendo, durante los últimos años, las penas para los delitos sexuales, sino que, además, se ha venido construyendo una jurisprudencia que recae sobre la carga de la prueba. Esto ha llevado a que existan condenas construidas sobre una única prueba que es el testimonio de la víctima”. 

En ese sentido, añadió Suárez, “es claro que al relajar el estándar probatorio la sanción pueda darse con mayor celeridad y, por tanto, la cifra de condenas aumente. Esto refleja la complejidad de estos delitos, ya que se está en presencia de unas conductas muy graves, en las cuales las víctimas muchas veces son mujeres y niños, por ello, se ha intentado proveerles mayor protección a sus derechos, pero muchas veces ello implica una afectación a los derechos al debido proceso y a la defensa de los acusados”.

Por otro lado, “generalmente se considera que un aumento de la pena, y, endurecimiento de las condiciones de reclusión son suficientes para lograr la disuasión del delincuente, cuando ello no es así. Realmente lo que logra disuadir al delincuente no es la dureza de la pena, sino la certeza de su aplicación. Esto que viene siendo expuesto desde Beccaria, sigue siendo desconocido por los sistemas penales, como el colombiano. Acá creemos que, el incremento de la pena va a generar una disminución en la comisión de las conductas, pues pensamos que quienes delinquen funcionan con una lógica económica de costo-beneficio, cuando ello no es así. El panorama colombiano nos muestra una justicia penal débil que funciona con un sistema penal casi colapsado, lo cual lleva a que la investigación penal sea más compleja”, puntualizó la experta.

Al respecto, Stefan Orellanos, profesor de Derecho Penal de la Universidad Central y experto en seguridad, manifestó a EL NUEVO SIGLO que este fenómeno no debe verse “como si solamente se estuviera viendo un aumento en el país. Esa es una situación que se viene presentando tanto en América Latina como en diferentes latitudes, como Europa, sobre todo con las personas que vienen traficadas de Europa del Este, en el Caribe, en América del Norte”, dijo.

Además comentó que “el  aumento de los delitos sexuales no depende como tal de una visión nuclear del derecho penal en la cual se aumenten las penas o se disminuyan los beneficios, esta es una visión que está afincada, todavía, en el siglo pasado, en la cual se cree que el delito se combate con una recrudecimiento de la pena, con un mayor endurecimiento de las sanciones positivas con un desconocimiento, muchas veces, del debido proceso; con una forma de atender la respuesta penitenciaria la por parte del Estado, desde el punto de la venganza punitiva, desde hace unos 300 o 400 años nos ha demostrado que no tiene el efecto que se buscaría para que se disminuya la comisión de este tipo de delitos”.

Orellanos sostuvo que, de otro lado está “está la debilidad legislativa, no en materia punitiva, sino en materia de control en cuanto al paso fronterizo, la corrupción de ciertas instituciones para que, de una u otra manera pueda existir este tipo de abuso en contra de niños, niñas y adolescentes (NNA), en contra de las personas; entonces, hasta tanto no sexista una mayor adherencia a políticas públicas centradas en la educación y en la prevención, pues no podemos hablar de una corrección, porque la corrección siempre va a llevar al descuido de esa parte inicial”.

Consecuencias

Por su parte, Irene Salas Menotti, directora de la Especialización en psicología forense y criminal de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, las cifras “no reflejan la situación real de victimización, ya que la mayoría de las víctimas no denuncia este tipo de violencia porque los presuntos agresores son en gran parte personas del círculo íntimo, también por temor a ser estigmatizadas o a ser revictimizadas por el sistema judicial”.

Salas menciona que este tipo de violencias se pueden presentar de diferentes maneras, entre las que destaca la violación y agresión sexual hasta el abuso de menores y el incesto, pasando por la agresión sexual perpetrada por la pareja o cónyuge, así como el acoso sexual y los casos de contacto físico no consensuado.

En ese sentido, la experta resalta las consecuencias mentales que pueden tener este tipo de situaciones en las víctimas. Esto incluye culpa, vergüenza, miedo, desconfianza, aislamiento, pérdida de control, incapacidad para concentrarse, pesadillas, recuerdo retrospectivo traumático, depresión y ansiedad, trastorno por estrés postraumático ansiedad, uso o abuso de alcohol o drogas, baja autoestima, cambios en patrones de alimentación o de sueño, preocupación por la seguridad personal, hasta embarazos no deseados y contracción de VIH y/o enfermedades de transmisión sexual.