NO ES halagador lo que deja el Congreso y el Gobierno a las futuras administraciones en materia fiscal, producto de la aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) de las regiones.

Un análisis detallado del equipo de investigaciones del Bancolombia, liderado por Laura Acuña, y conocido por EL NUEVO SIGLO, señala que “en el caso en el que no se delegara ninguna competencia que compense el aumento de las transferencias desde el Gobierno Nacional Central (GNC), la principal consecuencia será una escalada del gasto primario. Las inflexibilidades del gasto, que alcanzan el 83,6% del total, según el CARF, hace poco plausible que los futuros gobiernos puedan maniobrar el aumento en las transferencias al SGP con ajustes en otras partidas de gasto”.

Respecto a las implicaciones fiscales de la reforma al SGP, los investigadores indican que “nuestra lectura es que este cambio del SGP trae consigo un riesgo de aumento en las presiones de gasto del GNC, lo que solo se puede evitar con una asignación equiparable de compromisos de gasto a las entidades territoriales, tal que se deben delegar de algunas partidas que hoy se encuentran centralizadas. De no haber un manejo adecuado y oportuno de las competencias, el efecto total sobre las previsiones del déficit fiscal y la deuda sugieren un deterioro pronunciado en los próximos 14 años. Esto podría dejar la deuda neta en un nivel superior al límite sostenible contemplado en la regla fiscal (71% del PIB de deuda neta), lo que derivaría en una trayectoria explosiva”.

Gasto primario

Señalan los expertos, que “en 2038 el gasto primario podría llegar al 21,1% del PIB, 2,3% del PIB por año (cerca de $40 billones de hoy) más que en el escenario sin cambios del SGP. Este aumento en el gasto se da por el incremento en las transferencias al SGP, cuyo monto total podría ascender a cerca de 7,0% del PIB en 2038, notablemente por encima del escenario sin reforma, en que estos recursos llegarían a representar el 5,6% del PIB. Aunque el trámite por el Congreso redujo la meta de transferencias del 46,5% inicialmente propuesto a 39,5% del ICN y se amplió el de Transferencias está el gran reto potencial para la perspectiva fiscal periodo de transición de 10 a 12 años”.

Aseguran que estas mayores presiones de gasto aumentarían las necesidades de financiamiento del GNC, lo que se traduciría en un mayor gasto en intereses. “Nuestros ejercicios apuntan a un gasto en intereses que nunca bajaría de 3,6% del PIB y que para 2038 subirían hasta 4,5% del PIB. Entre tanto, los cálculos del CARF para un escenario sin cambios al SGP sugieren un gasto de intereses que lograría retroceder hasta un nivel de 3,4% del PIB en la próxima década”.

Las competencias

Así pues, en el escenario de no modificación de las competencias y con el supuesto de ingresos que tienen Minhacienda y el CARF en el largo plazo, el aumento del gasto implicaría un deterioro del balance primario que minaría la sostenibilidad de las finanzas públicas. El balance primario sería de -0,8%, muy por debajo del 0,5% del PIB en un escenario sin modificaciones al SGP o de una delegación precisa de competencias.

Estas mayores presiones de gasto aumentarían las necesidades de financiamiento del GNC, lo que se traduciría en un mayor gasto en intereses. Nuestros ejercicios apuntan a un gasto en intereses que nunca bajaría de 3,6% del PIB y que para 2038 subirían hasta 4,5% del PIB. Entre tanto, los cálculos del CARF para un escenario sin cambios al SGP sugieren un gasto de intereses que lograría retroceder hasta un nivel de 3,4% del PIB en la próxima década.

En consonancia con el mayor gasto primario y de intereses, el GNC exhibiría unos niveles de déficit fiscal consistentemente superiores. Nuestros estimativos sugieren que el déficit ya no se estabilizaría cerca del 2,9% del PIB, sino que se ampliaría de forma continua a partir del 2030 y bordeando el 5,5% del PIB en 2038.

Este panorama de deterioro fiscal tendrá que ser abordado vía mayor endeudamiento, de tal forma que la deuda alcance el 69% del PIB en 2038, muy cerca del límite de la regla fiscal, a partir del cual la trayectoria futura podría ser incontrolable. En medio de este escenario, la deuda neta ya no se estabilizaría cerca del 55% del PIB en el largo plazo, como estima el CARF en el escenario sin cambios al SGP, sino que crecería: 12% del PIB en los próximos 14 años, desde un nivel esperado de 57% del PIB en 2025.

Retos para la consolidación fiscal

Ante el desafiante panorama antes descrito, la viabilidad fiscal de esta medida pasa por tramitar una modificación ley de competencias satisfactoria antes de 2027. La transferencia de responsabilidades debe equivaler, en temporalidad y compromisos de gasto, a los nuevos recursos que recibirán los entes territoriales.

El haber aprobado primero la descentralización de recursos sin una discusión paralela de la ley de competencias ha generado incertidumbre. El texto aprobado limita el incremento de los recursos para los territorios sin una discusión previa de las competencias; sin embargo, hasta que la segunda parte no se concrete, persistirá la duda respecto al futuro de las finanzas públicas del país.

Además, si bien el texto incluyó una cláusula bajo la cual no se puede comprometer la sostenibilidad fiscal, este criterio es poco específico y sujeto a interpretación, tal que no disipa las dudas. De nuevo, es clave lograr la equivalencia entre los recursos otorgados y los compromisos de gasto que se delegarán, pero también buscar que esa discusión se aborde lo antes posible, para mitigar el impacto que ya vienen evidenciando los precios de los activos financieros colombianos debido a la incertidumbre generada.

De allí que es primordial que las señales futuras demuestren compromiso fiscal para evitar un mayor deterioro de la ya golpeada percepción de riesgo país o la pérdida de otro escalón en la calificación de riesgo soberano de Colombia.

El mecanismo que se creció

El SGP fue creado por el Acto Legislativo 01 de 2001 como mecanismo para transferir recursos del Gobierno Central a las entidades territoriales, como un esfuerzo para fomentar la descentralización fiscal. Las transferencias debían llegar a representar el 46,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN). Sin embargo, el monto que han recibido las entidades territoriales ha sido consistentemente menor. La participación del SGP en los ICN disminuyó del 42,4% en 2001 a 20% en 2023, ya que la normativa dispuso que los recursos del SGP aumentarían anualmente de acuerdo con el crecimiento promedio de los ICN de los 4 años previos, y en un periodo transitorio se ajustaron por la inflación causada.

Ante esto, el Acto Legislativo de 2024 busca aumentar los recursos que se transfieren a las entidades, con una meta de transferencias del Gobierno Central a los territorios del 39,5% de los ICN para 2038. El porcentaje aumentaría gradualmente desde el vigente en 2027, mientras se le asigna responsabilidades (de gasto) a los entes territoriales.