TUVO LUGAR ayer el Día Internacional contra la Corrupción, adoptado por Naciones Unidas en la cruzada por este fenómeno del cual no escapa ningún país, pero que en el caso de Colombia ha estado desbordado por décadas, a pesar de varias leyes y estrategias para intentar meterla en cintura. EL NUEVO SIGLO consultó opiniones acerca de ¿qué le falta a nuestra legislación para que la lucha contra este flagelo sea más eficiente? Una de las conclusiones es que no se ha atacado la génesis del problema, que estaría en la forma cómo se hace política.

Este año se registró el mayor escándalo de corrupción en las propias entrañas del Gobierno, en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en donde el entonces director Olmedo López y otros directivos esquilmaron recursos públicos aprovechando la contratación que ordenó el presidente Petro para atender las comunidades durante el pasado fenómeno del Niño, especialmente para llevar agua a La Guajira.

Según López y Sneyder Pinilla, exdirector de la Ungrd, de estos dineros de la corrupción supuestamente altos funcionarios del Gobierno ordenaron entregar una parte a congresistas, así como contratos, para que aprobaran las reformas en el Congreso.

Olmedo López dijo que fueron $300.000 millones, que serían $180.000 en contratos y $200.000 para entregar a congresistas. Sin embargo, Carlos Carrillo, quien reemplazó a López en la dirección de la Ungrd, dijo que “aquí se deben haber perdido billones de pesos”.

Según la W, se perdieron $1,2 billones en la administración de Olmedo López en siete contratos: el alquiler de carrotanques, por $35.000 millones; el de plantas desalinizadoras de los vehículos, por $42.000 millones; el de ollas comunitarias de La Guajira, por $20.000 millones; el de la compra de los carrotanques, por $46.000 millones; el de la construcción de mil jagüeyes por $75.000 millones; el fondo de interés colectivo por $400.000 millones y el Plan 700, por $700.000 millones.

¿Qué le falta a la legislación?

María Salcedo dijo que “desde el Instituto Anticorrupción creemos que el Congreso de la República le debe a Colombia una ley que regule el cabildeo, una ley que permita mostrar cómo los políticos se relacionan. Hemos tenido más de 10 intentos que, sin éxito, buscan regular el cabildeo en el Congreso y aún hoy no vemos voluntad política para avanzar con este tema”.

La directora del Instituto Anticorrupción subrayó sobre este asunto que “cientos de políticos, empresarios y particulares se reúnen a puerta cerrada para generar acuerdos por debajo de la mesa. Es por eso que el país debe avanzar en visibilizar las interacciones, por medio de la publicación en datos abiertos de la información sobre citas, viajes, regalos y agendas de los funcionarios públicos de las diferentes ramas del poder”.

Salcedo indicó que el caso de la Ungrd “muestra precisamente las relaciones de múltiples actores con diferentes intereses de por medio, de los cuales solo nos enteramos cuando estallan los casos de corrupción, esa es la única forma en que la ciudadanía conoce de estas interacciones”.

Por su parte, el excontralor general de la República, Antonio Hernández Gamarra, dijo que “el problema es que no se va a la génesis del problema. Se prevé, pero no se mira cuál es la causa. Entonces, de una parte, no se hace nada para que el sistema electoral no sea un nido de corrupción, porque la gente se elige con el propósito de ganar plata, en su inmensa mayoría. Y eso está validado socialmente”.

Dijo que es necesario revisar todo el sistema electoral, el voto preferente, la falta de partidos políticos, los partidos políticos unipersonales.

Agregó Hernández que otra causa de la corrupción son “las prebendas que tienen los congresistas, que eso desde el punto de vista ingresos y costos es el negocio de hacerse elegir”.

Dijo que también preocupa “desde el punto de vista social la falta de sanción, la tolerancia total social. A nadie le importa que la gente robe. Entonces, en mi opinión el problema no es que falta nada, sino que no se ha hecho nada sustancial”.

Entre tanto, Elisabeth Ungar Bleier, exdirectora ejecutiva de Transparencia por Colombia, mencionó que “lo que hace falta es que se apliquen las normas que hay, no es que sea perfecto, no es que sea suficiente, pero hay una muy buena infraestructura normativa y legal para combatir la corrupción, pero falta que se aplique porque hay impunidad, porque no hay voluntad política para que efectivamente las normas se apliquen”.

Añadió que “en el tema de los contratos, por ejemplo, en los nombramientos. Es decir, que deben hacer unos procesos de clarificación y de transparencia antes de adjudicar esos contratos millonarios”.

Las cifras asombran

No hay plena certeza de las cifras de la corrupción en Colombia, donde anualmente se pierden billonarios recursos públicos que estaban destinados para atender las principales necesidades de la población, como salud, educación, acueducto. Sin embargo, se han hecho aproximaciones, como en el 2017, cuando el entonces contralor general, Edgardo Maya, dijo que “tenemos unos cálculos de entre 40 y 50 billones de pesos que se apropian los corruptos de todos los presupuestos nacionales, departamentales y municipales”.

La auditora general de la República, María Anayme Barón, entregó en diciembre pasado números de la corrupción cercanos a los que dio Maya Villazón. “Las cifras de la corrupción en Colombia son enormes. El año pasado la corrupción le costó al país más de 50 billones de pesos. Eso se desprende de lo reportado por las contralorías en los procesos de responsabilidad fiscal que adelantan”, dijo la servidora pública a Cambio.

En tanto que Transparencia por Colombia reveló por una radiografía que le hizo a este grave problema, que más de $21 billones se perdieron y 15 millones de personas se afectaron por la corrupción entre el 2016 y 2022.

Agregó que en este lapso $137,65 billones estuvieron comprometidos en hechos de corrupción asociados a contratos, obras o servicios; y $9,08 billones fueron recuperados por las autoridades competentes mediante la imposición de multas, sanciones o acciones como la exigencia de la devolución de esos recursos.

Explicó Transparencia por Colombia que la corrupción administrativa (49,4%) y la corrupción política (23,73%) son los tipos más frecuentes en los hechos identificados. “El sector Defensa y Seguridad se destaca como el más impactado por la corrupción, seguido por los sectores judicial, educación, vivienda y salud”.

Detalló esta ONG que en su estudio se detectó que en las redes de corrupción del país hay una alta participación de actores vinculados con economías ilícitas y grupos armados ilegales.

Frente a los casos en los que se evidencia la participación de actores colectivos, se destaca que en el 31,8% participa el Clan Úsuga y en 28,79% las Autodefensas Unidas de Colombia. Esto confirma que una característica de la corrupción es la participación de actores criminales en redes interconectadas.