El actual Congreso está en deuda con su depuración | El Nuevo Siglo
En la Comisión Primera del Senado comenzará la discusión a partir de febrero próximo del proyecto de acto legislativo que busca reducir el salario de los congresistas. / Foto Daniel Soriano - ENS
Viernes, 17 de Enero de 2025
Redacción Política

EN CUATRO semanas retornará el Congreso de la República a sesiones, en un año que es clave para la suerte de varios proyectos de envergadura que están en la agenda, como el de salud y el laboral. Sin embargo, una de las dudas es qué va a pasar con la autorreforma de la corporación, en la cual los actuales congresistas no han avanzado en mayor medida en temas como la reducción de los salarios, respecto a la cual que precisamente en días pasados se radicó una nueva iniciativa.

Se trata de un proyecto de reforma constitucional que presentó el senador Iván Cepeda, de la coalición del Pacto Histórico, que cuenta con la firma de 57 congresistas de diferentes bancadas, para reducir en cerca de un 50 % los salarios de los legisladores a partir del 20 de julio de 2026. Actualmente reciben una asignación mensual que alcanza los $48'142.000.

El senador de izquierda expresó su confianza en que el texto avanzará con éxito en el Legislativo. “Creemos que este acto democratiza la política y contribuye a limpiarla. El Congreso es una institución altamente desprestigiada, y en parte esto se debe a las prebendas excesivas de los congresistas”, dijo.

El proyecto establece que “la remuneración mensual de los congresistas de la República, que incluye factores salariales y no salariales, no podrá exceder de 20 salarios mínimos”.

En la pasada legislatura se hundió una iniciativa en este sentido, la cual claudicó en tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por 15 votos a favor y 14 en contra; sin embargo, requería 21 votos porque era de carácter estatutario.

Entre las razones que se manifestaron para no aprobar el proyecto en la discusión en esta célula legislativa está que no contaba con el respaldo del Gobierno Nacional; que la reducción también debería ser para otros funcionarios del Estado, porque el incremento de su salario está atado al de los parlamentarios; y que la medida no debería cobijar a los integrantes de este Congreso, para no legislar en causa propia, entre otras.

En la última década se ha presentado más de una decena de proyectos para reducir el salario de los congresistas, porque sigue creciendo y es muy alto en comparación con lo que gana un colombiano del común. Sin embargo, invariablemente todos han naufragado.

No obstante, en esta oportunidad, un punto posiblemente a favor de la iniciativa es que están en el horizonte las elecciones parlamentarias del año 2026, en las cuales los electores podrían cobrar en las urnas a los congresistas que voten en contra de este proyecto. 

Además del asunto de los salarios hay otros por los que se han radicado iniciativas en el marco de la llamada autorreforma del Congreso de la República, de las cuales no solamente ven su necesidad los congresistas que las impulsan, sino que algunas responden al reclamo de los ciudadanos para mejorar la imagen y el trabajo del Legislativo. No obstante, los proyectos orientados en ese sentido tampoco han avanzado.

Es el caso de la regulación del cabildeo, actividad que realizan agentes externos en el Congreso en favor de sectores económicos a los que representan para que no se vean afectados por las leyes que se aprueban.

Sobre el particular fue radicado en julio pasado un proyecto de ley en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, pero no ha tenido discusión.

La iniciativa tiene por objeto regular el ejercicio del cabildeo o lobby con el fin de asegurar la transparencia y el acceso a la información pública en el marco de la relación del Estado con el sector privado. Así mismo, se establecen las garantías, condiciones, mecanismos y sanciones que delimitan este instrumento de incidencia en la construcción de políticas públicas nacionales y territoriales.

En los anteriores congresos también se ha intentado regular el cabildeo, pero las respectivas iniciativas no salieron a flote. Algunas superaron uno o dos debates, mientras que a otras ni siquiera se les dio discusión.  

Tampoco ha salido adelante en el actual Congreso la iniciativa para hacer ajustes a las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), que son conformadas por 10 personas para ayudar la labor de cada uno de los parlamentarios.

En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes no le han dado discusión a un proyecto de ley orientado a modificar la nomenclatura de los cargos de las UTL para reconocer la experiencia profesional a los empleados y contratistas pertenecientes a ellas. La iniciativa cuenta con ponencia para primer debate.

También en la Comisión Primera del Senado de la República está pendiente de ponencia para primer debate una iniciativa que modifica la Ley 5.ª de 1992 en materia de profesionalización de las UTL.

Otros proyectos 

Tampoco ha tenido suficiente eco en los congresistas la reforma política que radicó el Gobierno, por segunda oportunidad, en la que entre otras se establecía la financiación de las campañas 100 % estatal y la paridad de género en las listas. 

Igualmente, se archivó  en la Comisión Primera de Cámara por falta de trámite un proyecto de acto legislativo para combatir el ausentismo parlamentario, para lo cual establecía que una de las causales de pérdida de investidura será la inasistencia injustificada, en una misma legislatura, a seis sesiones plenarias o a seis sesiones de comisiones constitucionales permanentes en las que se discutan o voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura.

Mientras que en la Comisión Primera del Senado está pendiente la discusión de la ponencia para primer debate del proyecto de ley por medio del cual se implementan condiciones que garanticen un efectivo control de asistencia a los congresistas y funcionarios a las sesiones.

Otro proyecto de la autorreforma del Congreso que no ha avanzado es uno que está en la Comisión Primera de la Cámara para modificar la Ley 5.ª de 1992 en lo relativo al trámite de las recusaciones, impedimentos, conflictos de interés sobrevinientes, así como para establecer disposiciones adicionales para el registro de intereses de los congresistas, con el propósito de fortalecer la transparencia y la integridad en el ejercicio de las funciones congresionales. Cuenta con ponencia para primer debate.

 

<DESTACA>El Congreso es una institución altamente desprestigiada: Cepeda


<RECUA> Acceso a la información

En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes no ha tenido discusión un proyecto para implementar una plataforma digital o permitir un acceso desde las páginas web oficiales de Senado y Cámara, denominada Congreso Digital, con el fin de que la ciudadanía pueda pronunciarse a favor o en contra o participar y presentar propuestas para la construcción de los proyectos de ley o de acto legislativos.