La guerra entre las disidencias de las Farc y el Eln en el Catatumbo, región comprendida entre los departamentos de Norte de Santander y parte del suroeste del Cesar, ya ha dejado más de 30 muertos en la última semana, además de miles de desplazados que buscan refugio y claman por la intervención del Gobierno nacional.

El fuego cruzado entre los grupos armados por el control del territorio en varios corregimientos dejó como resultado ocho firmantes de los acuerdos de 2016 muertos, así como también ha sembrado el terror en la población, donde grupos de profesores y campesinos han emprendido la huida de la ola violenta.

Los enfrentamientos, de acuerdo con lo reportado por las autoridades, han sido entre estructuras del Eln que operan en la zona y el frente 33 de las disidencias de las Farc, liderado por alias ‘Andrey’.

Diversas comunicaciones circuladas en medios apuntaron que uno de los principales motivos para los enfrentamientos es la solicitud de entrega que habría hecho el Eln por alias ‘Richard’, el comandante en jefe de las disidencias de las Farc y quien además habría liderado junto con alias ‘Andrey’ los diálogos de paz con el Gobierno.

Asimismo, un comunicado que circuló en redes sociales provocó un mayor estado de alerta de empresarios, gremios de transportadores, profesores y conglomerados económicos en la región, pues en este se afirmaba que quienes colaboraran con las disidencias de las Farc serían tomados como objetivo militar por parte del Eln. No obstante, dicho comunicado fue desmentido propiamente por el grupo.

Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética (Utipec) emitió un comunicado en el que rechazaba las presuntas amenazas proferidas a Ecopetrol, señalando las mismas como “un acto de intimidación que constituye una grave amenaza, no solo contra la industria petrolera en Colombia, sino también contra la paz, el desarrollo económico y la seguridad de todos los colombianos”.

El sindicato también hizo un llamado al Gobierno nacional para que “tome medidas inmediatas y efectivas para salvaguardar y reforzar los esfuerzos por alcanzar una paz verdadera”.

Tras esto, sumado a los enfrentamientos que ya reportan víctimas fatales de la población civil, la Defensoría del Pueblo denunció la retención de al menos una veintena de personas, que no han sido identificadas, en el corregimiento El Aserrío, del municipio de Teorama. Según la entidad, dentro de las víctimas del rapto habría 10 mujeres.

Alertas ignoradas

Ante la escalada violenta en el Catatumbo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, repudió los recientes actos tanto del Eln como de las disidencias de las Farc, aunque aseveró que no es una novedad, sentenciando además que el ente ya había avisado en repetidas ocasiones sobre las tensiones en la región, pero que estos llamados fueron ignorados.

“Lo que está pasando en el Catatumbo es de extrema gravedad. Defensoría del Pueblo había alertado varias veces y había emitido una alerta de inminencia en noviembre. Hoy tendremos que reportar su consumación”, afirmó Marín.

Asimismo, recordó que en el 2021 se emitió el primero de los comunicados, haciendo la advertencia de las tensiones en la zona entre los grupos que se disputaban el territorio para la producción de coca. Además, ya en noviembre pasado, como bien señala Marín, fue emitida la Alerta de Inminencia en donde se comunicaron las recomendaciones a las autoridades locales y nacionales para solventar la crisis de orden público.

Desde la Procuraduría también se emitió un rechazo a los actos, afirmando que “es necesario brindar las garantías a las comunidades del Catatumbo y de manera oportuna suministrar las ayudas humanitarias que se requieren ante este grave hecho, y de esa forma lograr que se garantice el adecuado funcionamiento de las instituciones”.

Pronunciamiento del Gobierno

En medio de la crisis, el primero en salir al ruedo fue el presidente Gustavo Petro, quien anunció la finalización de las mesas de diálogo con el Eln, poniendo fin a su política de ‘Paz Total’, donde el principal punto era la desmovilización de este grupo. (Véase la página 18).

“Lo que ha cometido el Eln en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de dialogo con este grupo, el Eln no tiene ninguna voluntad de paz”, anunció el presidente. En esta misma línea, la Cancillería anunció que los actos cometidos por el grupo armado serían denunciados ante la ONU y el Consejo de Derechos Humanos, siendo calificados por Luis Gilberto Murillo como “un golpe al anhelo de la paz”.

De su parte, la vicepresidenta Francia Márquez pidió a los grupos armados que haya un respeto a la población civil y “prime la garantía de los derechos humanos y la vida de las comunidades y familias que se encuentran en medio del conflicto armado y la violencia.”.

Márquez también apuntó que “es lamentable que esos grupos armados no hayan acogido la voluntad del presidente Gustavo Petro para encontrar la paz total que tanto necesita Colombia”.

<Recuadro> Consejo de Seguridad

Además de sus declaraciones, el presidente Petro acudió a Tibú, lugar de una reciente masacre en la que tres personas murieron en hechos aún por esclarecer. Allí fue instalado un Consejo de Seguridad en el que participaron Laura Sarabia, directora del Dapre; el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín; William Villamizar Laguado, gobernador del Norte de Santander, además de altos mandos de la Policía y el Ejercito Nacional.

En este, según lo reportado por la oficina presidencial, se tocaron los principales puntos de la crisis que atraviesa tanto la región del Catatumbo como propiamente el departamento de Norte de Santander. Asimismo, los funcionarios trazaron diversas estrategias para combatir a los grupos armados que operan en la región y salvaguardar a la población civil.

No obstante, de acuerdo con lo comunicado desde el Consejo, el mandatario no tomó voz en la reunión y solamente evaluó lo expuesto por los funcionarios tanto de los ministerios como de las Fuerzas Armadas. La reunión concluyó con un plan de acción que se pondría en marcha esta semana y en el que, según el Dapre, se estableció que “la prioridad del Gobierno es proteger a las comunidades y restablecer la tranquilidad en la región”.