MUCHOS TENÍAN la esperanza de que este Congreso avanzara de forma decidida en la autorreforma que desde hace varios años han pedido la ciudadanía y algunos parlamentarios, en temas como alto salario, reducción del número de curules, reforma de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), pero la mayoría de iniciativas no han prosperado.

No obstante, el balance tiene algo para mostrar porque fue aprobada la reforma constitucional que reduce el receso legislativo, por lo que los parlamentarios regresarán a sesiones en febrero próximo, no en marzo como ocurría anteriormente.

En la Comisión Primera de la Cámara está con ponencia, pendiente para primer debate, un proyecto que presentaron parlamentarios de diferentes partidos que tiene por objeto implementar una plataforma digital exclusiva para la interacción entre ciudadanos y congresistas, que permita un efectivo pronunciamiento sobre los proyectos de ley frente a los trámites legislativos, y, así, participar en la construcción y aporte a los mismos.

La iniciativa seguirá en tránsito para ser discutida en el 2024.

También en la Comisión Primera de Cámara está pendiente de ponencia para primer debate un proyecto impulsado por el senador Jonathan Pulido, que también cuenta con la firma de parlamentarios de diferentes partidos, con el propósito de modificar el régimen salarial de los congresistas, el cual deberá contener de manera integral todos los ingresos por sueldo, emolumentos y beneficios económicos.

La iniciativa establece que la asignación máxima de los congresistas será de 25 salarios mínimos al mes. Además, elimina el reconocimiento de las primas de localización, vivienda y transporte.

Igualmente, en la Comisión Primera de la Cámara está pendiente con ponencia para primer debate una iniciativa que establece mecanismos para informar, explicar y dar a conocer la gestión de los congresistas.

El proyecto de legisladores de diferentes partidos fija que cada congresista deberá remitir a la Secretaría General de la respectiva Cámara el informe de gestión, de forma digital, en formato de datos abiertos y en lenguaje claro, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización de cada legislatura. Tampoco ha despegado en la Comisión Primera de la Cámara la discusión del proyecto orientado a implementar un proceso de inducción y capacitación para los legisladores. Sus impulsores la denominan ley ‘estudiemos congresistas’.

La iniciativa establece que los elegidos por primera vez deberán asistir de forma obligatoria a un programa de inducción y capacitación virtual o mixto.

El programa de inducción deberá contener, como mínimo, Constitución Política; estructura del Estado y de la administración pública; régimen presupuestal, económico y de hacienda; código de ética y régimen disciplinario, régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses; así como construcción, análisis de seguimiento de políticas públicas y del Plan Nacional de Desarrollo.

En Senado

En la Comisión Primera del Senado fue radicado en días pasados un proyecto del senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, por medio del cual se adoptan medidas para profesionalizar las UTL, cuyos integrantes tienen la misión de apoyar a los congresistas en su labor.

Como está establecido en la Ley Quinta o Ley del Congreso, en las UTL existen dos tipos de cargos: asistente y asesor, que tienen una remuneración que oscila entre los tres y los siete salarios mínimos mensuales.

La iniciativa busca incluir en la Ley Quinta los requisitos para cada cargo, pues en la actualidad la facultad de determinar las calidades para los asesores se le otorgó a la mesa directiva de la Cámara y a la comisión de administración del Senado, conjuntamente.

Del mismo modo, cabe recordar que en la reforma política que impulsaba el Gobierno, y que terminó retirando a principio de este año cuando comenzaba la segunda vuelta, porque se quedó sin consenso debido a los cambios que tuvo el articulado, se eliminó el límite de permanencia de tres periodos en el Congreso y otras corporaciones públicas.

También en dicha tentativa de reforma política se aprobó reducir la edad mínima para aspirar al Senado de la República, de más de 30 años a más de 25 años. En contraste, se hundió el artículo que pretendía que desde más de 18 años de edad se pudiera aspirar a la Cámara de Representantes.