LA PROCURADURÍA y la Contraloría respaldaron la solicitud ayer de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento a la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, investigada por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, pues según la investigación participó en el escándalo de corrupción en la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres). Sin embargo, la juez tercera de Control de Garantías de Bogotá no adoptó decisión al respecto, pues suspendió la audiencia tras más de 10 horas de desarrollarse y aplazó para el próximo miércoles.

En la audiencia de ayer hubo lugar para que intervinieran la Procuraduría, los representantes de las víctimas, así como el defensor de la exfuncionaria gubernamental.

El exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, quien junto con el exdirector Olmedo López aceptaron ante la Fiscalía que realizaron maniobras corruptas en la contratación en la entidad, que estaba destinada para atender población vulnerable durante el pasado fenómeno del Niño, especialmente en La Guajira, aseguró hace meses que por instrucciones supuestamente de altos funcionarios del Gobierno entregaron dinero a algunos congresistas para que votaran favorablemente las reformas del Gobierno.

Pinilla aseguró que por medio de la entonces consejera Ortiz, le hizo llegar $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name; y que él (Pinilla) fue a Montería para entregarle personalmente $1.000 millones al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle.

El delegado de la Procuraduría General de la Nación dijo en la audiencia que “no existe otra medida que al momento pueda garantizar que frente a la gravedad de los hechos, y su capacidad de gestión, sobre los mismos medios de prueba, la procesada pueda y deba continuar en libertad”.

Justificó la medida restrictiva de la libertad con el fin de que Sandra Ortiz “no interfiera de alguna manera en el desarrollo de la investigación dada su alta capacidad de influencia sobre otras personas considerando su experiencia en el ámbito público”.

“Esta comisión del Ministerio Público solicita que se acceda a la petición de la Fiscalía y se dicte medida de aseguramiento”, indicó el delegado de la Procuraduría.

Agregó que “sobre la gravedad de las conductas que se le imputan a la señora Ortiz, debe decirse que dada su modalidad, haciendo uso indebido de su alto cargo al interior del Ejecutivo nacional, es innegable el alto grado de gravedad. Resulta bastante cuestionable que una persona que funge como consejera de la Presidencia involucre a otras personas en hechos de corrupción que apuntaban a comprometer la idoneidad e independencia del Legislativo”.

Defensa habla de presiones

Durante la audiencia de medida de aseguramiento el abogado Oswaldo Medina sostuvo que Sandra Ortiz supuestamente recibió presiones de la Fiscalía para que se declarara culpable, ofreciéndole un principio de oportunidad.

“Se terminó ofreciendo un principio de oportunidad, pero sin conocer sobre cuáles delitos de manera específica era que redundaba el mismo”, explicó al abogado. Aseguró que la Fiscalía le dijo a su defendida que debía “aceptarlo dentro de los tres días siguientes”, porque ya tenía listo el escrito de acusación, como finalmente sucedió.

Medina sostuvo que “tal planteamiento no solo vulneraba las garantías procesales de mi defendida, como la no autoincriminación, sino que también desbordaba el marco fáctico de los hechos. Tal situación resultaba grave y curiosa para la defensa, pues se indicó que cuando terminara su relato se haría la adecuación fáctica. Momento en el cual la agencia del Ministerio Público intervino indicando que ello no era constitucional”.

El abogado manifestó en la audiencia que “no existe evidencia sobre la supuesta participación de mi patrocinada en los supuestos hechos. La Fiscalía pretende acreditar los hechos a través de dichos”. Agregó que “no se señala que esos 3.000 millones de pesos hubieran provenido de una orden de proveeduría, es decir, que no eran dineros públicos”.

También Medina puso de presente que Ortiz es la única imputada por lavado de activos, no obstante que más de 10 personas son investigadas por estos hechos. “Ni la Corte Suprema de Justicia está investigando a los senadores y representantes a la Cámara que dicen haber tenido alguna vinculación con esta investigación por el delito de lavado de activos, a pesar de que todos compartan el mismo núcleo fáctico”, señaló.