A PESAR de ser una de sus banderas principales en campaña electoral, el gobierno de Gustavo Petro ha contado con serios problemas para cumplir con sus promesas al sector de la educación. El último incumplimiento a esta cartera se presentó con el no cumplimiento de los compromisos adquiridos desde el Ministerio de Educación con el Icetex, entidad encargada de emitir créditos para la educación superior, y que tiene en jaque a más de 200.000 estudiantes para 2025.
Aunque desde la Administración Petro se había prometido un incremento de recursos, la ampliación por lo menos 500.000 cupos en universidades públicas y una reforma integral a la educación, esto no se ha presentado. Aunque el proyecto se ha intentado impulsar a través de una reforma integral y posteriormente una ley estatutaria, ninguna ha progresado y ahora la apuesta a una reforma dentro del articulado de la Ley 30.
En septiembre, el ministro de Educación Daniel Rojas Medellín radicó en el Senado de la República el proyecto de ley 212 que busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con el fin de “atender la problemática estructural de financiación de las Instituciones de Educación Superior Públicas, definiendo un nuevo modelo, que permita garantizar la sostenibilidad del sistema de educación superior público, mediano y largo plazo, garantizando el cierre de brechas regionales y poblacionales”, según argumenta el proyecto. No obstante, desde el día de su radicación este no ha tenido movimiento.
Catherine Juvinao, representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, dijo a EL NUEVO SIGLO que “este Gobierno no ha cumplido ni con la ley estatutaria ni con la reforma al Icetex, y tampoco con la reforma a la Ley 30 en sus artículos 86 y 87”. Además, agregó que no se “entiende por qué ha habido esta falta de voluntad, y en cambio sí hay una asfixia financiera al Icetex. Deben miles de millones de pesos a la universidad pública en materia de gratuidad”.
En septiembre, el ministro de Educación Daniel Rojas Medellín radicó en el Senado de la República el proyecto de ley 212 que busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con el fin de “atender la problemática estructural de financiación de las Instituciones de Educación Superior Públicas, definiendo un nuevo modelo, que permita garantizar la sostenibilidad del sistema de educación superior público, mediano y largo plazo, garantizando el cierre de brechas regionales y poblacionales”, según argumenta el proyecto. No obstante, desde el día de su radicación este no ha tenido movimiento.
Catherine Juvinao, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, dijo a EL NUEVO SIGLO que “este Gobierno no ha cumplido ni con la ley estatutaria, ni con la reforma al Icetex, y tampoco con la reforma a la Ley 30 en sus artículos 86 y 87”. Además, agregó que no se “entiende por qué ha habido esta falta de voluntad, y en cambio sí hay una asfixia financiera al Icetex, deben miles de millones de pesos a la universidad pública en materia de gratuidad”.
Asimismo, la congresista añadió que en medio de esta coyuntura educativa siguen sin haber anuncios sobre nuevas líneas de crédito para nuevos estudiantes, lo que agudiza la crisis en esta cartera. Mientras tanto, Katherine Miranda denunció en este Diario que “nosotros como bancada independiente (Partido Alianza Verde) hemos presentado unos proyectos que no han tenido acogida, pero estamos seguros que urge una reforma a la ley 30”.
No obstante, desde las bancadas del Gobierno se presenta un escenario un poco más optimista respecto a la norma. Si bien, llegan a un punto común con las oposiciones sobre la urgencia de reforma en esta Ley 30, afirman que este proyecto de ley podría, incluso, tener espacio en el cierre del periodo legislativo de este 2024.
El senador Ariel Ávila compartió a este Periódico que existe una esperanza “a que se le de discusión a un debate este semestre, y los otros tres el próximo semestre. Vamos a ver si citan las comisiones, yo tengo esperanza que sí”. En ese sentido, dependería de un llamado desde la comisión sexta en la que los ponentes del proyecto serían los senadores Pedro Flórez del Pacto Histórico, Julio Elías Vidal del Partido de la U, Carlos Andrés Trujillo del Partido Conservador.
Un caso similar y esperanzador reporta Gabriel Becerra, representante de la bancada del Pacto Histórico, quien indicó que “es muy importante que se le pueda dar al menos un debate a la propuesta de reforma. La información que tenemos es que se va a discutir y se va a tomar una decisión en la Comisión Séptima del Senado. No creo que alcance en plenaria, aunque a corto plazo tendríamos ese primer debate”.
Sin embargo, debido a su poco movimiento desde su radicación y el anuncio de sus ponentes, la norma tan siquiera ha sonado dentro de los pasillos del capitolio Nacional para ser discutida en comisión antes del cierre de legislatura ordinaria el 16 de diciembre.
¿Qué falta para la ley?
Además de su llamado a debates en la Comisión VI y, posteriormente, a debate en plenaria, también está en aspecto económico. Según la representante Olga Lucía Velásquez, esta reforma para aumentar el techo financiero en instituciones de educación pública necesita mayores recursos. “La ley requiere un aval financiero y ese es el que no nos han dado, y por eso no ha avanzado el debate. También estábamos ilusionados en que la ley estatutaria se diera debate y se cayó. Aquí dependemos del concepto de Hacienda, una vez llegue ese concepto, esperamos el próximo semestre”, dijo la congresista a EL NUEVO SIGLO.
Del mismo modo, el senador Ávila también hizo énfasis en esa necesidad de recursos, aunque desde su sector hay un poco más de tranquilidad al respecto, pues “tenemos las mayorías y la gente entiende que la financiación de la educación pública es necesaria. Dependemos mucho del aval de Hacienda, que creo que lo tenemos”. Además, dejó claro que en caso de ser aprobada, “sería la única reforma en la educación superior que tenemos”.
Y aunque la representante Velásquez advierte que con la caída de ley de financiamiento corre peligro esta reforma, Gabriel Becerra apunta que “no afectaría. Por el contrario, si no se aprueba la ley de financiamiento, habría más argumentos para que la universidad pública pueda, con una ley en particular, tener financiación garantizada mediante la reforma de estos dos artículos. Son vías distintas para mejorar las condiciones del estado”.
Un llamado a la acción
Finalmente, para Daniel Carvalho, representante a la Cámara por Medellín, “hace falta más diligencia del Gobierno nacional para que este proyecto salga adelante”. Además, dijo a este Medio que “uno de sus grandes compromisos (del Gobierno) fue con la educación superior. Llegamos a una buena decisión de la reforma puntual de la ley 30 con el financiamiento. Si no embarcábamos en una reforma total se nos iban los 4 años. Y a los estudiantes les pido que presionen al Gobierno para que les cumpla”.
En ese sentido, queda ver si la Ley 30 tendrá su reforma antes de julio de 2025, pues de no pasar los cuatro debates correspondientes y por la plenaria del Senado, no habría mayor movimiento económico para universidades públicas, agudizando, aún más, esta crisis en el sector.