INVESTIGACIONES disciplinarias a directivos y exfuncionarios del Instituto Nacional de Vías (Invías), anunció ayer la Procuraduría General por presuntas inconsistencias en la implementación del proyecto “Caminos Comunitarios para la Paz Total”, uno de los principales programas de desarrollo rural de la Administración Petro contratando directamente con juntas de acción comunal. El Ministerio Público reveló que se han firmado 1.035 convenios solidarios por $233.853 millones, dineros que advirtió se han manejado sin control.

La Procuraduría dijo que una vigilancia preventiva mostró una serie de irregularidades en el desarrollo de este proyecto que surgió en septiembre de 2022, y cuyo objetivo es realizar actividades de mantenimiento, mejoramiento, construcción de estructuras viales y caminos ancestrales en la red vial terciaria del país.

Explicó el organismo que el proyecto “presenta, al parecer, en la vigencia 2023, violaciones a los principios de publicidad, transparencia y planeación; además de desembolsos de recursos irregulares, prórrogas injustificadas y la falta de estudios técnicos, financieros y contables enmarcados en la deficiente gestión de la interventoría”.

De acuerdo a la información recopilada por el equipo de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, el Invías suscribió un total de 1.035 convenios solidarios con igual número de organizaciones de acción comunal (OAC) distribuidos en 521 municipios y 29 departamentos, por un monto de $233.853 millones, “dineros que fueron, presuntamente, manejados sin control, ya que se hicieron desembolsos sin soportes justificados poniendo en riesgo el patrimonio público”, señaló el Ministerio Público.

Agregó que, asimismo se comprobó que gran parte de los convenios celebrados en la vigencia 2023, no fueron publicados en el SECOP II, lo que deriva en posibles faltas al cumplimiento del deber de vigilancia.

Otro de los puntos cuestionables por parte de la entidad de control fue la poca ejecución de los trabajos, pues en 121 convenios revisados se pudo evidenciar que apenas cumplen con una ejecución física inferior al 85%, “lo que corrobora la pésima funcionalidad de la interventoría”, puso de presente.

Para “Caminos Comunitarios de la Paz Total” el Gobierno destinó más de $8 billones para la totalidad del cuatrienio y se pretende arreglar por lo menos el 33% de la red vial terciaria del territorio nacional.

La Procuraduría informó que ante estas irregularidades tendrán que responder como presuntos responsables los exdirectores de Invías Mercedes Gómez Villamarín, Juan Oyuela Soler, Juan Montenegro Arjona; como también Luis Sepúlveda Ortiz, gerente del programa Caminos Comunitarios para la Paz, además de directores territoriales e interventores por determinar.

También la Contraloría

El Invías informó el pasado 12 de noviembre que por el programa bandera del Gobierno “Caminos Comunitarios de la Paz Total”, diez departamentos han logrado culminar exitosamente las obras de placa huella, que hoy garantizan la movilidad de quienes habitan las regiones más apartadas del país.

“En total son 333 convenios finalizados de la vigencia 2023, que hoy facilitan la transitabilidad de más de 114.000 habitantes de las zonas rurales de los departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Quindío, Valle del Cauca, Córdoba y Cesar, por alrededor de 592 km de vías veredales”, indicó el Invías en esa oportunidad.

No obstante, la Contraloría General advirtió el pasado 29 de noviembre que “el avance de este programa no se puede considerar como satisfactorio “ni que las condiciones están controladas y cubiertas”, como lo asegura el director general del Invías, puesto que de la inversión inicialmente prevista de $8 billones, a esta fecha y luego de transcurridos 27 de los 48 meses del actual Gobierno nacional, tan solo se han invertido $525.000 millones, correspondientes al 6,56% de la meta definida”.

Insiste la Contraloría que según la información que le fue reportada por Invías, a octubre 15 de 2024 se han terminado 728 de los 2.157 convenios y contratos suscritos en 2023 y 2024, muchos de los cuales han tenido varias prórrogas al plazo promedio de 5 meses inicialmente pactado.