LA CONTRATACIÓN directa que venía realizando el Gobierno con las Juntas de Acción Comunal (JAC) y otras comunidades para la construcción o mantenimiento de vías rurales quedó sin efecto, después de que la Corte Constitucional determinara que el presidente Petro no está facultado para establecer un régimen especial en esta materia. En 2023 fueron suscritos un total de 1.035 contratos con una inversión de $233.000 millones, para el 2024 fueron asignados recursos por un valor de $469.648 millones.

Acerca de este programa, uno de las bandera del presidente, hay señalamientos de veedurías ciudadanas e integrantes de la oposición por presuntas falencias, entre estas que el avance de las obras es inferior al alto volumen de recursos que se han entregado, como sostuvo el concejal de Bogotá por Centro Democrático, Daniel Briceño.

La decisión de la Corte responde a tres demandas que se presentaron contra aparte del Decreto Ley 1961 de 2023, por medio del cual se crea el Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir).

Una de las disposiciones que la Corte declaró inexequible es el parágrafo primero del artículo 35, el cual indica que “para la contratación con comunidades rurales, cabildos, organizaciones populares, unidades de economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y/o comunidades étnicas, comunidades en todas sus diversidades, mujeres y víctimas, para el desarrollo de proyectos, e infraestructura vial, las cuales se someterán a la contratación directa, sin importar su cuantía”.

El presidente Petro expidió dicho Decreto amparado en las facultades extraordinarias que le confirió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 para definir el régimen jurídico del Invir. Al respecto, la Corte indicó en el fallo que “en la solicitud de facultades extraordinarias, el presidente no hizo mención a la posibilidad de que, en el contexto de dicha definición, pudiera determinar que esa entidad fuera titular un régimen de contratación excepcional”.

Una segunda razón que tuvo en cuenta la Corte para esta decisión es que no existe una relación directa e inmediata de índole material entre las normas demandadas y la norma habilitante (el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026).

El concejal Briceño dijo con base en una investigación que adelantó, que este año solo se ha ejecutado el 14,3% de los recursos, no obstante que le han girado a las JAC el 60%.

Briceño señaló que “el programa de Invías es totalmente improvisado. En nuestro concepto, debió iniciar de forma más lenta y tranquila. El Gobierno decidió hacer la apuesta por 33.000 kilómetros de manera inmediata”.

Respuesta del Gobierno

El Invias indicó que en 2023 fueron suscritos un total de 1.035 convenios, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, que contaron con una inversión de $233.000 millones, de los cuales 650 proyectos se encuentran finalizados con un avance ponderado del 76% y el resto en ejecución. Además, se espera intervenir al menos 1.585 kilómetros de vías veredales, con influencia en 521 municipios, distribuidos en 29 departamentos.

Para el 2024 fueron asignados para el mejoramiento y mantenimiento de vías regionales recursos por un valor de $469.648 millones a ser ejecutados. A la fecha se han suscrito 1.039 convenios de los 1.100 programados.

El presidente Petro reaccionó señalando al fallo de la Corte que “contratar con la comunidad los dineros públicos no solo es el empoderamiento de la comunidad en el camino de la democracia participativa que ordena la Constitución, sino que hace ganar en transparencia la contratación y libera al país de odiosos carteles que monopolizan como renta el dinero público y degradan por completo el Estado y la política”.